Externalidades. Por John Donne

...
No man is an island,
Entire of itself.
Each is a piece of the continent,
A part of the main.
If a clod be washed away by the sea,
Europe is the less.
As well as if a promontory were.
As well as if a manner of thine own
Or of thine friend's were.
Each man's death diminishes me,
For I am involved in mankind.
Therefore, send not to know
For whom the bell tolls,
It tolls for thee.

Cheque regalo. ¿Confusión coste, valor, precio o equilibrio?




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Fallos de mercado motivo eficiencia y su resolución. Para muy cafeteros.

El Sector Público, siguiendo a Musgrave, busca una mejor asignación de los recursos, una distribución más justa, y asegurar la estabilidad y el crecimiento. 
Para justificar la presencia del Sector Público en la economía, acudimos a los dos Teoremas del Bienestar, aunque sea a sensu contrario
Al Primero para justificar la intervención pública por motivo eficiencia, Rama Asignativa, para afirmar que las economías no son paretianas de no cumplirse las condiciones requeridas por la Teoría del Equilibrio General. Se afirma entonces que el Sector Público está en condiciones de hacer que lo sean.
Al segundo para afirmar que es posible lograr un óptimo de Pareto a partir de cualquier distribución de recursos deseada. Rama Distributiva. 

Vamos con la eficiencia. Según el Primer Teorema del Bienestar todo equilibrio general competitivo es un óptimo en el sentido de Pareto. De no verificarse las condiciones competitivas requeridas, las economías no serán óptimas según Pareto. El sector público debe intervenir buscando precisamente la eficacia que el funcionamiento real de los mercados no garantiza.
Los incumplimientos fundamentales de este Teorema (fallos del mercado) son los siguientes: 
i) Bienes públicos puros. El coste marginal de que una persona consuma una unidad más es nulo o casi nulo (bien no rival) y resulta imposible o demasiado costoso excluir a nadie de su consumo (bien no exclusivo). El mercado los produciría insuficientemente o no lo haría en absoluto. Producir bienes de este tipo es objetivo del Sector Público. Bienes preferentes (ojo, no confundir con bienes públicos): aquellos que el sector público obliga a consumir (enseñanza básica, seguros obligatorios de sanidad, desempleo y jubilación, normativas de seguridad) o a no consumir (drogas) al considerar que el individuo no percibe correctamente los costes y beneficios derivados del consumo/no consumo de dichos bienes. Podrían considerarse como situaciones de información incompleta. ¿Soberanía del consumidor? 
ii) Externalidades. Un agente en el curso normal de su actividad económica, produce un perjuicio o un beneficio a otro sin que haya contraprestación monetaria. Como consecuencia de ello, el precio no internaliza todos los costes o beneficios generados por la actividad económica de dicho agente. 
iii) Ausencia de competencia perfecta. Monopolio. Su principal motivo es la presencia de rendimientos crecientes a escala que obligan a la existencia de monopolios naturales, ya que una empresa que aplicara la regla competitiva de igualdad de precio y coste marginal no sería rentable. Sin embargo con el monopolio se produce una pérdida irrecuperable de bienestar. Por lo tanto, la regulación de los monopolios naturales ha de ser un objetivo del Sector Público. 
iv) Otros. Mercados incompletos. Ausencia de mercados de determinados bienes y servicios ya que su producción no es rentable (por ejemplo, asegurar contra determinados riesgos o a determinados individuos), o por los elevados costes de transacción. En tales casos el sector público provee dichos bienes o es capaz de producir “servicios de transacción” (piénsese, por ejemplo, en los servicios de coordinación que suministra un Ayuntamiento mediante los planes urbanísticos). Información imperfecta. El sector público obliga mediante la regulación pertinente a que se suministre información para la “protección del consumidor” y otras. En este sentido puede considerarse a ciertos tipos de información como bien público. La información imperfecta deriva en la ventaja informativa que tiene una de los dos partes que intervienen en el intercambio. Hay que referirse por ello a los problemas de selección adversa y riesgo moral y a las soluciones contractuales y regulatorias pertinentes. 

  ¿Dónde? Stiglitz (La Economía del sector público), lecciones 3 y 4; Albi et al. (Teoría de la Hacienda Pública), lección 3; Atkinson y Stiglitz (Lecciones sobre Economía Pública), lección 11; Boadway y Wildasin (Economía del Sector Público), lección 2 y 3; Corona y Díaz (Introducción a la Hacienda Pública), lección 2; Corona (Lecturas de Hacienda Pública), lectura número 2: Musgrave, “Teoría múltiple de la Hacienda Pública”; Musgrave y Musgrave (Hacienda Pública teórica y aplicada), lección 1; Rosen (Hacienda Pública), lección 8; En detalle.
Bienes públicos. Stiglitz (La Economía del sector público), lección 5; Musgrave y Musgrave (Hacienda Pública teórica y aplicada), lecciones 3 y 4; Atkinson y Stiglitz (Lecciones sobre Economía Pública), lección 16; Boadway y Wildasin (Economía del Sector Público), lección 4; Bustos (Lecciones de Hacienda Pública I), lección 8; Corona (Lecturas de Hacienda Pública), lectura número 4: Samuelson, “Exposición gráfica de una teoría del gasto público”; Rosen (Hacienda Pública), lección 5; 

Externalidades. Mediante el mercado se producirán en exceso aquellos bienes que producen externalidades negativas y en defecto los que las producen positivas. El sector público debe entonces, gravar las primeras y subvencionar las segundas (enfoque pigouviano). Caben alternativas impositivas o regulatorias de diversa índole. El enfoque de Coase consiste en la creación de derechos de propiedad que se otorgarían a los damnificados y cuya adquisición por el “contaminador” en condiciones competitivas internalizaría adecuadamente la externalidad. Para las externalidades positivas el proceso sería el opuesto. La intervención del Sector Público es evidente bajo el enfoque pigouviano. Bajo el enfoque de Coase consiste en establecer y hacer valer los derechos de propiedad y en reducir los costes de transacción. 

¿Dónde? Stiglitz (La Economía del sector público) lección 8; Boadway y Wildasin (Economía del Sector Público), lección 5; Bustos (Lecciones de Hacienda Pública I), lección 10; Corona (Lecturas de Hacienda Pública), lectura número 7: Burton, “Externalidades y derechos de propiedad”; García y Salinas (Manual de Hacienda Pública general y de España), lección 7; Rosen (Hacienda Pública), lección 6; 

Bienes preferentes (merit goods en el término acuñado por Musgrave, bienes de mérito, traducción un poco rara) que cuentan con tres características fundamentales: la generación de economías externas, sus considerables efectos distributivos y una percepción incorrecta por parte del individuo de su importancia. Bienes de mérito típicos son la sanidad, la educación o el seguro para la jubilación, y de demérito las drogas. 

¿Dónde? Musgrave y Musgrave (Hacienda Pública teórica y aplicada), lección 4; Bustos (Lecciones de Hacienda Pública I), lección 11; Rosen (Hacienda Pública), lecciones 10 y 11; 

Regulación. La regulación afecta a la forma en que los agentes privados llevan a cabo sus transacciones especificando cualquier tipo de requisito que deben cumplir. Podemos clasificar los tipos de regulación en función de los fines que pretenda tener desde el punto de vista del análisis de fallos del mercado. 

¿Dónde?  Boadway y Wildasin (Economía del Sector Público), lección 7 sobre fijación de precios y reglas de inversión en la empresa pública; Bustos (Lecciones de Hacienda Pública I), lección 9;

Apuntes adicionales Bloque 1. Mercado y Óptimo de Pareto. Para muy, muy cafeteros.

 

NOTAS PARA PREPARAR LAS MAGISTRALES.

MERCADO Y ÓPTIMO DE PARETO.

Guía clásica de estudio, por epígrafes. Bibliografía básica Mankiw. Bibliografía complementaria sin años pues vale cualquier edición.

 

Presentación de la asignatura. 

Tres preguntas tres respuestas. El mercado como asignador. ¿Por qué el mercado? Problemas de la intervención pública.  1.1. El Sector Público en un sistema de economía mixta. 1.2. Objeto y método de la Economía del Sector Público. 1.3. Enfoques positivo y normativo en la Economía del Sector Público. Comienza esta lección con una introducción sobre la naturaleza del Estado en una economía de tipo mixto, la predominante en las sociedades occidentales. Este primer epígrafe es eminentemente descriptivo pues su función es que el alumno se dé cuenta básicamente de la presencia destacada que tiene el Sector Público en el desarrollo de todas las actividades económicas.

El segundo epígrafe es metodológico. Objeto y método son obviamente los de la Economía, si bien nos encontramos en lo que supone una especialización, una acotación del objeto por el tipo de agente que ejerce la actividad en cuestión. La actividad del Sector Público, no obstante, cuenta con un hecho diferencial respecto a la actividad de otros agentes, que se deriva de su magnitud y naturaleza. Las actuaciones del Sector Público suelen afectar al conjunto de la economía. Además, en la disciplina de la Economía del Sector Público están presentes aspectos normativos y positivos mezclados en muchas ocasiones, siendo preciso un esfuerzo continuo de deslinde. El tercer epígrafe recuerda esta tradicional separación y la aplica al estudio de la Economía del Sector Público.

Stiglitz (La Economía del sector público), lección 1; Albi et al. (Teoría de la Hacienda Pública), lección 1; Boadway y Wildasin (Economía del Sector Público), lección 1; Bustos (Lecciones de Hacienda Pública I), lecciones 1 y 2; Corona y Díaz (Introducción a la Hacienda Pública), lección 1; Corona (Lecturas de Hacienda Pública), lectura número 1: Colm, “¿Por qué la Hacienda Pública?”; Rosen (Hacienda Pública), lecciones 1 a 4;

 

Economía del bienestar.

 Óptimo de Pareto.  Fallos de mercado e intervención del sector público. Eficiencia, equidad, equilibrio. Ramas de intervención del sector público. Asignación, distribución estabilización y crecimiento 2.1. Los dos Teoremas fundamentales de la Economía del Bienestar.

Para justificar la presencia del Sector Público, la Economía acude a los dos Teoremas del Bienestar. Al Primero para afirmar que las economías no son paretianas por no cumplirse las condiciones requeridas por la Teoría del Equilibrio General. Se afirma entonces que el Sector Público está en condiciones de hacer que lo sean. Al segundo para afirmar que es posible lograr un óptimo de Pareto a partir de cualquier distribución de recursos deseada. Veámoslo en detalle. Según el Primer Teorema del Bienestar todo equilibrio general competitivo es un óptimo en el sentido de Pareto. De no verificarse las condiciones competitivas requeridas, las economías no serán óptimas según Pareto. El sector público debe intervenir buscando precisamente la eficacia que el funcionamiento real de los mercados no garantiza.

Bibliografía para lecciones 2, 3, 4, 5 y 6. Stiglitz (La Economía del sector público), lecciones 3 y 4; Albi et al. (Teoría de la Hacienda Pública), lección 3; Atkinson y Stiglitz (Lecciones sobre Economía Pública), lección 11; Boadway y Wildasin (Economía del Sector Público), lección 2 y 3; Corona y Díaz (Introducción a la Hacienda Pública), lección 2; Corona (Lecturas de Hacienda Pública), lectura número 2: Musgrave, “Teoría múltiple de la Hacienda Pública”; Musgrave y Musgrave (Hacienda Pública teórica y aplicada), lección 1; Rosen (Hacienda Pública), lección 8;

 

 ¿Cómo se preguntó otros años? Guía de estudio alternativa.

 

1.- ¿Qué significa asignar recursos? Sistemas de asignación. Escoja uno que no sea el mercado y presente sus ventajas e inconvenientes.

2.- 2.1. Óptimo de Pareto; explicación gráfica, analítica y verbal. 

2.- 2.2 Relación con el mercado competitivo. (teoremas fundamentales de la economía del bienestar)

3.- Precio, valor, coste.

4.- Total y marginal. ¿Qué importa más? ¿cuál usamos para decidir?

5.- Salarios mínimos/ precios máximos/ racionamiento. Efectos sobre la economía. Análisis gráfico.

6.- Deducción de la demanda.

7.- Deducción de la oferta.

Algunas reflexiones/lecturas. (OJO. OPINIONES, PAPELES PREVIOS, NOTAS PARA MI …)

Nota. Estos materiales no publicados, ni editados, por lo que no pueden ser compartidos o citados. Necesitan discusión y validación empírica.

 

Del objeto y supuestos de la Economía Política.

 … nos preguntamos entonces, de una parte, en qué consisten los temas que trata la Economía Política en tanto especialidad, tal y como la conocemos en la actualidad. Pero de otra, y más importante que lo anterior, nos preguntamos cuál es la naturaleza del vínculo que da unidad a tales temas.

La Economía Política es la disciplina que se encarga de las cuestiones situadas en el núcleo fundante y fundamental de la Economía, esto es, las relativas a los sistemas de organización de la actividad económica y, dentro de ellas, a la relación de lo económico con lo político y a la acción del Estado sobre la economía.

Su relación con la disciplina de la Economía del Sector Público y la Hacienda Pública es inmediata precisamente porque la forma más evidente de acción del Estado sobre la economía se produce mediante la regulación de la actividad económica, la imposición y el gasto público. Asimismo, la ordenación del funcionamiento de una economía de acuerdo a unas normas generales que delimitan institucionalmente las posibilidades de actuación de los agentes, es lo que hoy se entiende por Economía Constitucional.

En segundo lugar, la relación entre lo político y la producción del derecho positivo mediante los procesos legislativos, permite una extensión inmediata por la cual a la Economía Política le corresponde también el análisis de las relaciones de lo económico con lo jurídico. Esto último, merece la pena recordarlo, estaba ya presente de forma natural en la Escolástica hasta el punto de que lo económico aparecía al reflexionar sobre lo justo en la actividad mercantil (vid. Fray Tomás de Mercado). En este sentido, los últimos desarrollos de la Economía Política procederían a formalizar las intenciones de los fundadores de la Economía Política con respecto a la necesaria visión ética que debe acompañar a los problemas económicos.

En tercer lugar, la Economía Política ha preservado como específica una orientación normativa que la relaciona, de un lado, con la Política Económica y la Economía del Bienestar, pero de otro, con la Moral y la reflexión ética. En este sentido constituye la vía de comunicación natural con el resto de las Ciencias Sociales con que cuenta la Economía. 

La Economía Política actual conserva un signo distintivo respecto al resto de especialidades de la Economía, y es el de considerar lo económico como formando parte de un orden social mayor. Un ejemplo claro es la visión de Rawls de la equidad, que integra en su visión del liberalismo democrático constitucional. La conciencia de integración de lo económico en el conjunto de aspectos que definen la sociabilidad humana (la Política, la Justicia, el Derecho, la Moral) constituye precisamente el vínculo que une los temas de Economía Política tal y como se hace en la Economía Política Clásica.

Una definición de Economía Política. (reformular L. Robbins) La Economía Política es el análisis de los distintos procesos asignativos (que llevan a cabo las personas en sociedad). Más extensamente diríamos que la Economía Política estudia cómo las personas procuran hacer efectivos los fines que libremente eligen con el mejor uso posible de los medios de que disponen en el seno de un determinado orden social.

Los temas específicos de la Economía Política son entonces los siguientes.

La orientación de toda actividad humana hacia unos fines libremente elegidos. Al decir libremente elegidos aceptamos como punto de partida el principio antropológico de que el hombre es un ser libre, recogido en la tradición moral occidental por la máxima ignaciana del hombre como señor de sí. El hecho de que quepan acciones que obedecen a fines impuestos por la fuerza no niega la libertad humana, simplemente da cabida al poder en nuestra concepción de la Economía Política.

Así, por ejemplo, la definición clásica del Estado como aquella institución a la que se otorga el monopolio de la coerción señala la actividad del Estado como específica de la Economía Política. En este sentido, sólo la legitimidad del poder permite, en el plano del deber ser, la imposición coercitiva sobre los miembros de una colectividad cualquiera de las leyes o de las decisiones adoptadas para el conjunto -y por el conjunto, en una sociedad democrática-. Es decir, aceptamos la imposición de un fin si el sujeto o institución que lo impone goza de legitimidad. La coerción ilegítima no niega el principio antropológico previo, sino que lo convierte en un imperativo moral que afirma la libertad del hombre como objetivo.

Continuando con los términos de nuestra definición, el mejor uso posible de los medios es el principio de comportamiento económico tradicional: optimizar los recursos, perseguir un resultado con el menor sacrificio, coste o dolor posible, y otras expresiones análogas, son representativas de un principio antropológico también denominado de racionalidad instrumental por parte del pensamiento filosófico. Este principio no presupone nada sobre el tipo de fines que se persiguen y que tratan de obtenerse con el menor sacrificio posible, por lo no es correcto identificarlo con una conducta de tipo egoísta. Pero sí introduce un criterio normativo, de comparación entre sistemas asignativos y una metodología de análisis. Nos exige posicionarnos, según criterios (eficiencia, equidad, estabilidad y crecimiento) y a analizar cuantitativamente (explicación lógica, analítica, y gráfica, aún simplificando).

Respecto a los medios disponibles, adoptando una postura subjetivista, hay que indicar que medio es todo aquello que las personas, como sujetos de la acción, creen que sirve para hacer efectivos sus fines. Por lo tanto, el conjunto de medios estará tan ampliamente definido como lo crean los sujetos de la acción y su valoración será también naturalmente subjetiva. Esto es, los medios serán valorados tanto más o menos según crean los sujetos que sirven para la realización de sus fines y según sean valorados a su vez dichos fines.

Cuando los medios disponibles son objeto de intercambio sistemático surgen los mercados, los precios, y el dinero. 

Hay que resaltar que los medios lo son en relación a un determinado fin, pero a su vez, el logro de un fin se puede constituir en medio para otro fin ulterior. Hablar de medios y fines remite inmediatamente a una jerarquía en que los fines perseguidos por una acción particular son medios para otra acción posterior. Este hecho resulta claro, por ejemplo, en Política Económica en que se diferencian distintos niveles de objetivos -finales, intermedios- que se implican coherentemente de forma jerárquica. También resulta relevante en Economía Pública, en que se establecen tres ramas de intervención (asignación, distribución y estabilización y crecimiento) pero con la dificultad añadida de la dificultad de jerarquización entre ellas más la obstaculización en ocasiones de unas por otras (el caso más evidente es el trade off equidad y eficiencia).

La Economía se ha concentrado en el estudio de la eficiencia, y esto ha derivado forzosamente en examinar las razones de la ineficiencia, para reformular el marco institucional en aras de superar los llamados fallos de mercado. Ahora bien, esta reforma introduce a su vez otros fallos del sector público que requieren de nuevo los incentivos e información que otorgan los precios para resolverlos. Un ejemplo clásico son los efectos externos; hay fallo de mercado, por ejemplo, en la polución.  Actúa el sector público, pero tiene problemas para valorar correctamente la polución en caso de solución compensatoria por no se posible evitar o reparar. Volvemos al sector privado con el Tma de Coase, que se cumple sólo si existe un Estado que asegure los derechos de propiedad.

En consecuencia, en Economía Política debemos estudiar todo aquello que afecte a la posibilidad de hacer efectivos los fines. No estamos afirmando nada novedoso pues el propio Robbins al contemplar como alternativos los fines está afirmando que la elección de uno de ellos, su logro efectivo, implica la renuncia al resto. El concepto de coste de oportunidad como la valoración de la mejor alternativa rechazada no hace sino referirse a la imposibilidad de satisfacer simultáneamente un conjunto de fines, es decir, no todos pueden ser efectivos.

Por último, la expresión en el seno de un determinado orden social implica aceptar el principio antropológico que afirma que el hombre es un ser social. La natural sociabilidad del hombre ha de tener cabida, como la libertad y la racionalidad, al hacer Economía Política. La sociabilidad implica que las personas de nuestra definición procuran la realización de sus fines integradas en unas determinadas colectividades necesariamente. Colectividades organizadas de determinada forma y regidas por determinadas normas legales, organizativas, de agregación colectiva de preferencias, éticas y morales. En nuestro caso, presuponemos de manera implícita el marco de la democracia representativa, liberal y social. 

En relación a la sociabilidad humana

… caben dos posturas fundamentales de larga tradición. De un lado podemos suponer que cada individuo entra en relación con otros porque lo necesita para lograr sus fines. La relación social es entonces un medio, y el orden social es el resultado no planificado que hace posible la convivencia mediante un proceso de adaptación continúo (concepción evolutiva presente en Hayek, por ejemplo). La explicación del orden social mediante el concepto del contrato social también afirma que el orden social se establece para hacer posible la convivencia de los individuos. En algunos casos, a diferencia del planteamiento evolutivo citado, presupone la posibilidad de diseñar a voluntad dicho orden social, esto es, cambiar los términos del contrato. Esta concepción de sociabilidad en sus distintas variantes nace en la Ilustración, llega hasta nuestros días y está detrás de la actual Economía Política Constitucional. La segunda postura supone que el individuo asume como propios los fines del o los grupos en que se integra identificándose la adopción de dichos fines con el hecho de pertenecer al grupo. La defensa y promoción de los miembros de la colectividad resulta entonces un fin en sí mismo íntimamente ligado a los objetivos que pueda tener el colectivo. Propiamente es el principio antropológico de la natural sociabilidad humana. Esta concepción de la sociedad está presente en la historia de la Humanidad desde sus inicios lo que testimonian la práctica totalidad de las religiones. Sin embargo, las teorías sociales basadas en principios individualistas no adoptan esta visión. Análogamente al principio de libertad, que no afirma la imposibilidad de la coerción, el de sociabilidad no afirma que las relaciones humanas sean siempre armoniosas. La búsqueda de una armonía social basada en la justicia se constituye entonces en imperativo moral. Por ejemplo, el concepto de equidad sería el correlato del concepto de justicia, si bien estático, presente en la Economía del Bienestar.

 

Sobre la autoridad. Marx. (visión crítica)

Toda sociedad tiene que resolver problemas económicos, o lo que es lo mismo, de alguna manera debe responder a las preguntas asignativas sobre qué producir, cuánto, de qué manera, cómo repartir el producto, cuánto invertir para incrementar el nivel de bienestar futuro, en qué sectores.

Un sistema económico o asignativo entonces se puede definir como el conjunto de instituciones que tienen el objetivo de hacer posible la coordinación de las actividades de los distintos agentes económicos. Sin embargo, estos aspectos que acabamos de mencionar se entienden integrados en un orden social mayor que es el encargado de dotar de un para qué, de un sentido final, a dichas actividades.

Tomando como referentes a Smith y Marx viene siendo tradicional tipificar dos formas básicas de sistema económico, al margen de la tradición, la magia y demás fórmulas que son más del ámbito del antropólogo que del investigador social. Los economistas solemos valorar estas fórmulas que encuadramos bajo el epígrafe de economías tradicionales de manera negativa por su dificultad para adaptarse al cambio, por la falta de evolución social y por ser parte generalmente de sociedades organizadas al margen de la democracia representativa, liberal y social.

La autoridad responde a una estructura jerárquica. Existe un centro único de decisión, que, partiendo de cierta información inicial, responde a todas esas preguntas. Mediante un sistema de órdenes se llevan a cabo ese tipo de decisiones en lo que constituye un sistema de planificación o de economía centralizada. Existe un plan, una directriz administrativa impuesta por una instancia superior, la agencia de planificación. En el plan se especifican las cantidades de factores, de productos, la remuneración del factor trabajo y los precios de los productos, a qué sectores se dirige la inversión. Ejemplo típico de este caso serían los desarrollos económicos de las dictaduras, que aun manteniendo privada la titularidad de los medios de producción, centralizan de manera pública los incentivos para orientarla. Si los medios de producción fuesen de titularidad pública junto con decisiones centralizadas de asignación nos encontraríamos con una economía cuyo ejemplo arquetípico sería las de tipo comunista (soviética, china, aunque ésta última tiene muchos matices).

La información sobre la escasez, que en la economía de mercado es suministrada por los precios, en la economía centralizada se ve suprimida por una orden administrativa. Existen dos flujos básicos de información: uno de abajo a arriba de información que parte de las unidades productoras sobre el grado de cumplimiento del plan, y otro de arriba a abajo sobre lo que debe hacerse en cada caso. (Anécdota de Andreff sobre la fábrica de clavos y el cumplimiento del plan)

En la economía centralizada es el Estado o la agencia de planificación quien establece las prioridades, quien interpreta lo que se supone es el bien general de la sociedad. El socialismo y el fascismo establece que el bien general pasa por la organización centralizada de la actividad económica, pues quién mejor que el Estado para conocer el interés general. Se afirma que no puede ser el interés egoísta de los propietarios del capital el que conduzca al máximo bienestar general. Desde una perspectiva marxista se afirma que el capitalismo es un sistema anárquico, de funcionamiento abocado al fracaso, e injusto, dada la desigualdad de las relaciones de producción que se establecen entre la clase trabajadora y la propietaria del capital.

La finalidad de las instituciones del socialismo es clara. Para el socialismo, la sociedad que organiza su economía bajo el sistema de libre mercado está profundamente escindida en dos grupos: asalariados y propietarios de los medios de producción. La economía de mercado traduce el interés de unos pocos, la clase capitalista, y no el interés de todos. El paso al socialismo resulta necesario tanto lógica como moralmente. Por lo tanto, el sentido de la actividad económica es precisamente el logro del máximo bienestar material en condiciones de igualdad acabando con la profunda desigualdad inherente al intercambio capitalista.

En efecto, la obra de Marx, en la que se basa la adopción de un sistema de planificación centralizada como el descrito, constituye una crítica del capitalismo desde el punto de vista no sólo de eficiencia a largo plazo sino fundamentalmente desde una perspectiva moral. Marx trata de demostrar cómo el sistema capitalista, aparentemente basado en la libertad y la igualdad, se fundamenta realmente en la explotación, en la obtención de plusvalía por parte de la clase social propietaria de los medios de producción. El capitalismo es injusto y bajo tal juicio moral se propone un diseño social superior que socialice la plusvalía, diseño que será concretado posteriormente por los herederos intelectuales del marxismo y llevado a la práctica en diversas naciones.

Las limitaciones del modelo son múltiples. Desde el punto de vista de la eficiencia, la no introducción de incentivos de precios y salarios hace que la productividad y la asignación de recursos asociada a las necesidades percibidas de los individuos se deteriore. La definición centralizada de necesidades choca con la definición individual de necesidades, pues esta última sólo se manifiesta en el acto mismo del intercambio, y depende entre otros factores de las cantidades ya intercambiadas, por la saturación en el consumo y el cansancio en el trabajo. De esta manera, los agentes elaboran, en el mejor de los casos, planes que incluso ellos mismos desconocen por ser incapaces de proyectar sus deseos y capacidades a situaciones futuras de las que desconocen las escaseces y productividades relativas. En el caso más habitual, los agentes engañan a la autoridad central, adelantándose a sus planes de manera estratégica, declarando necesidades mayores y capacidades menores de las reales. En el peor de los casos, las colas, el favoritismo, los privilegios de los grupos dominantes sustituyen a las señales de mercado y, por supuesto, a los criterios de justicia en la asignación, apareciendo el acaparamiento, el estraperlo y, en general, los mercados grises o abiertamente ilegales. Por otra parte, la distribución centralizada no puede tener en cuenta la convexidad de las preferencias, esto es, el gusto humano por diferenciarse y variar. Aun pudiendo suponer economías de escala interesantes en un primer estadio de desarrollo, la distorsión entre el plan y la persona hace que las eventuales ventajas desaparezcan con celeridad.

En lo que se refiere a la equidad, las limitaciones de los regímenes políticos que han de acompañar a estos sistemas de mercado hace que los criterios de equidad se vean sustituidos en muchos casos por criterios de otro tipo ya mencionados. El crecimiento, por fin, suele verse negativamente afectado por el mismo problema de falta de señales que sea capaz de orientar a las autoridades hacia los bienes y servicios que las sociedades cambiantes en su evolución van demandando.

En nuestra opinión, la mayor crítica a realizar es la imposibilidad metodológica de aprehender la información individual de manera eficiente, en lo micro, junto con la necesaria restricción de las libertades, en lo macro.

 

Sobre el mercado.  La visión austriaca. (un poco de heterodoxia). (también visión crítica)

… El segundo tipo de sistema de organización de la actividad económica supone la cooperación voluntaria de los individuos y los grupos de individuos libremente asociados que interactúan entre sí mediante el mercado. La información que éstos tienen en cuenta al tomar sus decisiones son los precios, no las órdenes que emanan de un centro de decisión. A este sistema se le denomina de economía de mercado. Tanto empresas como economías domésticas actúan guiados por su propio interés. En la estructura de precios relativos estará plasmada la estructura de fines y valores morales diversos que los agentes manifiestan mediante su respectivas demandas y ofertas.

Para Adam Smith la legitimidad moral de la economía de mercado reside en el sencillo y obvio sistema de la libertad natural, y en el hecho de que la búsqueda del beneficio y del éxito propios son un aspecto de la virtud de la prudencia. Se juzgará como moralmente buena una sociedad con este fundamento si, además, el resultado es el aumento de los bienes producidos para el consumo de todos los miembros de la sociedad.

La competencia ha de basarse en unas reglas del juego justas, algo aceptable moralmente, y que, en términos empíricos, es el modo de organización que permite un incremento general de la producción, porque éste redunda en un mayor bienestar, posibilidades de justicia y empleo.

Las virtudes de la prudencia y de la justicia bastan para que el mercado funcione. La primera es el cuidado de la salud, de la fortuna, del rango y reputación del individuo. Supera el economicismo actual de los medios y la discusión pública en la teoría de la empresa; las empresas producen para más cosas que para maximizar el beneficio, aunque éste principio sea una guía útil de predicción de comportamiento, no es una explicación correcta de funcionamiento de la empresa. El capitalista desea no sólo maximizar el beneficio sino obtener reconocimiento y servir las necesidades de la sociedad. La justicia se define negativamente como no perturbar la felicidad de nuestro prójimo simplemente porque se interpone en el camino de nuestra felicidad. La justicia ha de ser impuesta coactivamente por el Estado. La benevolencia, esto es, la preocupación activa por el prójimo, a diferencia de las dos virtudes anteriores, es innecesaria para el funcionamiento de la sociedad, aunque su existencia es el ornato que embellece el edificio

Tanto Smith como Marx basaron sus concepciones sobre los modos de organizar la actividad económica en claros presupuestos morales, aunque opuestos a la hora de prescribir mejoras sociales. Mientras que para Marx las relaciones sociales de producción basadas en la apropiación capitalista de la plusvalía eran sustancialmente injustas debiendo ser superadas por medio de la revolución socialista, para Smith el ejercicio constante y descentralizado de las virtudes conduce a un funcionamiento armonioso.

No cabe para Smith la imposición de un plan que transforme la sociedad ya que no es posible mover a los miembros de una gran sociedad con tanta facilidad como la mano mueve las diferentes piezas de un tablero de ajedrez. Cabe la defensa de las instituciones que garantizan el ejercicio de la prudencia y la justicia (la propiedad, las reglas de la competencia) mientras que la benevolencia se deja al libre ejercicio de los individuos.

Ya en el siglo XX, Hayek, siguiendo los pasos de Menger, revitaliza la defensa del libre mercado basándose en principios evolutivos aplicados al orden social. The Use of Knowledge in Society, (Hayek, 1945), destaca la función insustituible que desempeña el libre establecimiento de precios en el mercado para la administración adecuada de los flujos dispersos de información. Las decisiones descentralizadas que se toman en respuesta a precios determinados por las fuerzas del mercado permiten utilizar este conocimiento disperso de forma incomparablemente mejor de lo que permitiría una economía centralizada. El problema de la información y de la agregación centralizada de preferencias.

Los precios no distorsionados coactivamente se constituyen en la guía correcta de las decisiones económicas al recoger relaciones de intercambio -disposiciones subjetivas a intercambiar unos bienes por otros- en atención a una estructura de medios y fines implícita y de imposible procesamiento para un único agente. El sistema de precios logra una economía de conocimiento al concentrar en señales simples e inequívocas la información relevante para cada agente. Las decisiones individuales precisan del funcionamiento libre de interferencias del conjunto de los mercados. Con mercados intervenidos resulta imposible el cálculo económico dada la inexistencia de precios realmente portadores de información sobre la escasez.

Del análisis del proceso espontáneo y evolutivo que da lugar al surgimiento no deliberado de las instituciones sociales, en concreto de los mercados, se deriva la imposibilidad a priori del socialismo o el fascismo, entendidos ambos como sistemas de economías centralizadas, el primero con propiedad pública de los medios de producción, el segundo con propiedad privada. Es la caja negra de Marx que Sraffa no logra abrir.

En efecto, Mises y Hayek han pasado a la historia como los autores que más prontamente fueron capaces de predecir el fin del socialismo, imposibilidad que se extiende a cualesquiera otras formas de constructivismo racional. Cualquier sistema social que base su funcionamiento en la coacción impedirá sistemáticamente el surgimiento de la información necesaria para la coordinación de las actividades humanas, y en concreto, de las económicas, resultando así insostenible.

El planteamiento evolutivo de la Escuela Austriaca de Economía persigue endogeneizar el surgimiento de la Moral y de las instituciones de todo tipo propias de la sociabilidad humana. 

La libre espontaneidad de los individuos les lleva a probar formas nuevas de convivencia en todos los ámbitos de la actividad humana, de las cuales algunas logran un éxito que se traduce en su difusión y pervivencia (nuevas formas de familia, nuevas organizaciones empresariales, educación vía nuevas tecnologías). La libre espontaneidad excluye el ejercicio centralizado de cualquier tipo de ingeniera social. La prueba y el error se ejercen a nivel descentralizado respetando el conjunto de instituciones que la tradición, depósito que acumula las formas de convivencia y organización más exitosas, ha asentado.

El proceso histórico ha conducido en los últimos siglos a la creación del que denomina Hayek el orden extenso. La Humanidad habría pasado de las emociones y actitudes propias de los pequeños grupos en que la Humanidad ha vivido durante más de cien mil años y en los que los miembros de la colectividad se ayudan unos a otros persiguiendo unos fines comunes al orden extenso en que ya no servimos principalmente a nuestros inmediatos allegados ni perseguimos fines comunes, sino que se han formado unas instituciones, unos sistemas morales y unas tradiciones que han producido y en la actualidad mantienen un número de individuos enormemente superior al existente en etapas anteriores, individuos que en buena medida pacíficamente persiguen una multiplicidad de fines diferentes elegidos por ellos mismos en colaboración con otros miles de personas a quienes jamás conocerán.

Quizá la mayor crítica metodológica que se puede hacer a este modelo es el optimismo en la calidad humana sobre la que descansa las virtudes micro de cada persona, que conducen libremente a la hacendosidad, la responsabilidad y la justicia, asegurando eficiencia y equidad de manera espontánea, junto con el surgimiento macro de un orden social (orden extenso) que aseguraría por sí y sin necesidad de intervención del sector público la asignación suficiente en aquellas tareas de las que per se no ocupa al sector privado, esto es, la superación de los fallos de mercado en la ruptura de las condiciones de Pareto, la justicia asignativa y la superación espontanea de los ciclos económicos así como la consecución del crecimiento. Hay otra crítica, que no explicitamos en clase pero que realizamos al denominar los ejes como Estado (¡pinte usted un estado! Y ustedes pintan los ejes de precios y cantidades para intercambiar en el mercado). En efecto, sin sector público que lo garantice, no se aseguran las condiciones previas al intercambio libre y pacífico y existencia de mercados.

 

Los breves y necesariamente incompletos análisis realizados de las concepciones de los sistemas asignativos derivados del marxismo y del liberalismo de Smith y de Hayek, se presentan a modo de ejemplos de cómo lo económico como sistema, ha sido insertado o relacionado con el resto de lo social, hasta el punto que tanto para Marx como para Smith y Hayek, en nuestra opinión, el carácter político de la economía queda de manifiesto; más que un mero proceso asignativo, sea de mercado o centralizada, en ambas corrientes aparentemente antagónicas la economía surge de imperativos morales, se despliega en virtudes públicas y culmina la construcción de sociedades deseables tanto en su conjunto cuanto en la calidad de las personas que las componen. Ambos, Smith y Marx, se preocupan de asuntos de Economía Política clásica. Debemos esperar a Keynes, Samuelson y Musgrave para reformular los temas y la manera de afrontarlos y asistir al surgimiento y eclosión de la economía política contemporánea. Eso será otro día…

 

Un apunte sobre Teoremas del Bienestar e intervención del Sector Público.

 

… ya expusimos en qué consistía la estructura de un modelo de Equilibrio General. Una situación de Equilibrio General Walrasiano (para nosotros óptimo de Pareto; un equilibrio de Walras no es más que un óptimo de Pareto generalizado a todos los mercados) verifica dos propiedades conocidas como Teoremas del Bienestar.

Por el Primero un Equilibrio General Competitivo es un óptimo en el sentido de Pareto, esto es, ningún agente puede mejorar su situación en términos de utilidad o beneficio, a no ser que empeore la situación de, al menos, otro agente. Si no se cumplen las condiciones competitivas establecidas, las economías no serán óptimas según Pareto. La intervención del Sector Público se justifica en términos de eficiencia ya que el objetivo de su intervención es lograr la asignación óptima que el mercado no es capaz de garantizar.

Los incumplimientos de este Primer Teorema han dado lugar a una serie de fallos de mercado entre las que destaca la teoría de los bienes públicos puros de Samuelson, las externalidades de Pigou, los monopolios naturales, los bienes preferentes e indeseables, la información incompleta y otros.

Por su parte, el Segundo Teorema del Bienestar afirma que es posible alcanzar una situación óptima en el sentido de Pareto a partir de una determinada distribución de los recursos iniciales y dejando, a partir de ella, funcionar al mecanismo competitivo. Es decir, que se pueden asignar eficientemente los recursos con la distribución deseada. Hay que resaltar que la transferencia de recursos que contempla este Teorema no ha de implicar la ruptura de la igualdad de precios relativos y valoraciones en el margen que se establecen en los mercados perfectamente competitivos, esto es, no ha de destruir las propiedades de eficiencia del equilibrio competitivo. Por ello, los impuestos (los óptimos para eficiencia de cuantía fija per cápita, sub óptimos proporcionales, infra óptimos progresivos) y las transferencias han de ser no distorsionantes. El hecho de que dichos instrumentos no se utilicen y en su lugar la imposición y las transferencias sean distorsionantes, introduce el conocido dilema o trade off entre eficiencia y equidad.

La Economía del Bienestar se basa en la posibilidad de transferir recursos entre agentes de la forma mencionada, esto es, sin afectar a la eficiencia, aumentando el grado de Bienestar general de una colectividad ya que se ganaría en términos de equidad.

Las nociones tradicionales de la Economía del Bienestar se basan en el criterio de Pareto, los criterios de compensación y las funciones de bienestar social o criterios colectivos o sociales de justicia (en una amplia gama, desde utilitaristas a igualitaristas, o la más generalizada siguiendo a Rawls) donde se recogen las preferencias agregadas, colectivas o sociales sobre la distribución de la utilidad entre los distintos individuos de una sociedad. Bajo esta concepción, el Sector Público es un agente benevolente cuyas actuaciones se dirigen a aumentar el bienestar general. La discusión sobre los fines de este agente se limita a la discusión sobre cuál ha de ser la función de bienestar elegida para llevar a cabo la distribución pertinente. (criterios de justicia). No se supone que haya otros elementos en la ecuación.

 


¿Por qué el mercado? Para super cafeteros, solo lectura.

 

UNA VISIÓN DESDE LA ECONOMÍA PÚBLICA. 

¿Por qué el mercado? Óptimo de Pareto y Teoremas Fundamentales del Bienestar. (De apuntes de Hacienda Pública Avanzada) ¡Ojo, nivel Avanzado! Solo para que vean hasta dónde se llega, que tampoco es tan lejos …

La economía estudia los procesos asignativos. (relación entre fines y medios). El problema económico básico es la escasez. (frente a necesidades humanas ilimitadas).Alternativas para resolver el problema. La economía intenta resolver el problema de:

ü  Qué bienes y servicios se van a producir. Orientación.

ü  Cómo se van a producir. Organización.

ü  Para quién se produce. Distribución.


Tres formas principales distintas de resolver el problema económico, (medios de asignación de recursos)

ü  Autoridad. ü  Costumbre. ü  Mercado.


El mercado permite conocer las preferencias de los individuos, solventa el principal problema de la economía y agrega dichas preferencias de forma sencilla. Los precios que se dan en el mercado tienen el fin que el mercado asigne a ese recurso. 

Las funciones de los precios en el mercado:

ü  Trasmiten información entre los agentes de forma eficiente. 

ü  Orientan la organización del proceso productivo. 

ü  Marcan como se va a distribuir la renta y la riqueza.

 El precio es un indicador de los gustos del consumidor, revela las preferencias y las agrega. Al tiempo, manifiesta la escasez y dificultad de la producción. Por fin, plasma los equilibrios sociales entre esfuerzo y valoración. Son un medio de información ágil.  

 El proceso político se plasma en los Presupuestos Generales del Estado. Cuando se utiliza el mercado como método fundamental se asignación decimos que se trata de una economía de mercado. Cuando se utiliza la autoridad se tratará de una economía de dirección o planificación central. En cualquier economía se usan los dos métodos, generalmente predominando uno de ellos: hablamos de una economía mixta

 

El Óptimo de Pareto y la eficiencia económica.

El objetivo de la economía pública es establecer un marco normativo que explique y justifique la intervención pública en la asignación de recursos, la redistribución de la renta y la estabilización y el crecimiento en una economía de mercado.

Una asignación eficiente es el Óptimo de Pareto y se da cuando no es posible mejorar la situación de un individuo sin empeorar la posición de otro a pesar de poder realizarse intercambios adicionales. El óptimo de Pareto es una situación en la que es imposible mejorar la situación de un individuo sin empeorar la de otro. Como la actividad económica se compone de actividades de producción y actividades de consumo, la eficiencia requerirá por tanto una producción eficiente (esto es producir lo máximo posible) y, una distribución lo más acorde posible con las preferencias de los individuos. 

Este principio de asignación eficiente contiene juicios de valor.

Respecto a las preferencias de los individuos, lo deseable socialmente se construye a partir de las preferencias individuales.

No es posible hacer comparaciones interpersonales de utilidad en el marco de la Economía moderna (vs escolástica).

El bienestar de la sociedad mejora a partir del de los individuos.


Una asignación es Pareto óptima si y sólo si no existe ninguna otra que sea Pareto superior a ella. El Óptimo de Pareto se alcanzará cuando:

Esto es, cuando hay equilibrio en el mercado de intercambio, y este coincide con el del equilibrio de la producción. (Eficiencia en la producción, eficiencia en el consumo y eficiencia en el intercambio). En breve, U´= P = C´

Eficiencia en la Producción. La eficiencia en la producción se da cuando no es posible producir más cantidad de un bien sin disminuir la cantidad producida de otros, lo que se conseguirá mediante la reasignación de los factores de producción entre industrias. Es decir, la asignación será eficiente si se igualan las relaciones marginales técnicas de sustitución entre sectores o industrias.

 

En la caja de Egdeworth de producción las asignaciones eficientes corresponderían a puntos como E y F, donde se produce una tangencia entre la curva de utilidades de Y y la curva de utilidades de X más alejada del origen. Un punto como G representa una asignación ineficiente. Las combinaciones de X e Y que resultan de resolver la maximización sus, funciones de producción para diferentes valores de Y constituyen la frontera de posibilidades de producción cuya pendiente –la relación marginal de transformación entre X e Y, RMTXY– indica el coste mínimo de producir una unidad adicional de X en términos de las unidades de Y que se dejan de producir.

 

Eficiencia en el consumo. Una asignación es eficiente en el consumo si, dadas unas cantidades fijas de bienes, no es posible aumentar el bienestar de un individuo sin reducir el de otro mediante redistribuciones de los bienes. En el óptimo consumo, A y B intercambiarán X e Y hasta que se igualen las relaciones marginales de sustitución de ambos consumidores.

 

Supondremos que las Ui son crecientes en el consumo de ambos bienes (utilidades marginales positivas) y cóncavas (utilidades marginales decrecientes). En el óptimo de consumo 

Esta situación es representada en una caja de Egdeworth por los puntos de tangencia entre las curvas de indiferencia de los individuos A y B. Las ganancias potenciales de bienestar a través del intercambio habrán sido agotadas.

Eficiencia en el intercambio, o Global. Para conocer las condiciones de eficiencia global tenemos que tener en cuenta que las cantidades de X e Y son variables y deben ser producidas de manera eficiente.

 

Una asignación eficiente es aquella en la que se igualan las valoraciones relativas individuales entre sí. Lógicamente, el cumplimiento de la condición de eficiencia global implica eficiencia en la producción y en el consumo, que además se da en el intercambio.

En la frontera de posibilidades de producción, X0 e Y0 son producidos eficientemente y su reparto entre A y B hace que se agoten las posibilidades de intercambio, donde la valoración general de los bienes en el consumo y, los costes marginales en la producción se igualan. El punto E de la frontera de posibilidades de producción determina una asignación globalmente eficiente. Obsérvese que existen infinitas asignaciones eficientes en el consumo asociadas con E (todas las de la curva de contrato) pero sólo una de ellas es globalmente eficiente. 

Frontera de posibilidades de utilidad.


 Economía del Bienestar: teoremas fundamentales.

 La economía del bienestar analiza las condiciones en las que la solución de un modelo de equilibrio general puede ser la óptima. Esto requiere, entre otras, una asignación óptima de los factores entre los bienes y una asignación óptima de los bienes (entre las posibilidades de consumo).

¿En qué sentido y bajo qué condiciones conducen los mercados competitivos a la eficiencia económica? Dos teoremas fundamentales.

 

    1. Los mercados competitivos (aquellos en los que hay tantos compradores y tantos vendedores que ninguno de ellos puede influir en el precio del mercado), asignan los recursos de un modo eficiente en el sentido de Pareto, esto es, no se puede mejorar el bienestar de una persona cualquiera sin empeorar a su vez el bienestar de otra. En otras palabras, una economía competitiva alcanza un punto de escala de posibilidades de utilidad.
    2. Una economía competitiva puede alcanzar cualquier punto de la curva de posibilidades de utilidad siempre que la distribución inicial de los recursos sea la correcta. En otras palabras, no es necesario que exista un planificador central (con sabiduría infinita) para obtener asignaciones eficientes distintas de la inicial, sino que estas asignaciones eficientes pueden conseguirse mediante un mecanismo de mercado descentralizado.

 

Si fueran validas las condiciones supuestas en el 2º teorema del bienestar, el estudio de la economía pública podría reducirse a analizar las redistribuciones correctas de los recursos. 


 Optimo optimorum y curva de bienestar social.

Teóricamente, y en condiciones de competencia perfecta, sería posible efectuar una distribución neutral de la riqueza que no afectara a la eficiencia: una redistribución única y simultánea que establece un nuevo punto de partida para el funcionamiento del mecanismo competitivo y que, por tanto, no altera los comportamientos individuales que se desencadenan desde ese momento. Esta posibilidad la refleja el Segundo Teorema de la Economía del Bienestar.

Las dificultades de información (dificultad en la revelación o conocimiento de las preferencias y características individuales) impiden diseñar una redistribución única de la riqueza que sea idónea, puesto que desde la perspectiva de la utilidad (o del bienestar) se desconoce con exactitud la situación de cada individuo y, por tanto, lo que específicamente debería aportar o recibir. Esta asimetría informativa genera, por otro lado, ineficiencias que posibilitan mejoras simultáneas en eficiencia y equidad, que contradicen el supuesto intercambio entre ambas. Esto se puede ilustrar gráficamente por medio de los posibles desplazamientos en la Curva de Posibilidades de Utilidad. Esta Curva nos indica las combinaciones máximas de utilidades individuales que puede alcanzar una economía. En el gráfico que sigue, se supone la existencia de sólo dos individuos en la sociedad cuyos niveles de utilidad respectiva se expresa con las variables U1 y U2, o, lo que puede ser equivalente, se supone la existencia dos grupos sociales homogéneos en cuanto al nivel de utilidad que disfrutan sus integrantes. Cada uno de los puntos de la Curva de Posibilidades de Utilidad nos expresa una distribución distinta de los recursos en la sociedad que se manifiesta en distintos niveles de bienestar o utilidad individuales.

La curva UU es la curva de posibilidades de utilidad que se deduce de la curva de contrato y, muestra la cantidad máxima de utilidad que puede disfrutar una persona dado el nivel de utilidad de la otra. En el punto p’ el nivel de utilidad de Eva es bastante alto, en comparación con el de Adán. En el punto r’ ocurre lo contrario. El punto q’ está fuera de la curva de contrato. Todos los puntos que estén dentro o sobre la curva de posibilidades de utilidad son alcanzables por la sociedad, mientras que todos los puntos que están por encima de la misma son inalcanzables. Por definición, todos los puntos de UU son eficientes en el sentido de Pareto, aunque reflejan distribuciones muy diferentes de las rentas de los individuos.

Del mismo modo que el bienestar individual depende de la cantidad de bienes consumidos por una persona, el bienestar de la sociedad depende de la utilidad de cada uno de sus miembros. La sociedad está mejor cuando cualquiera de sus individuos lo está. La economía accede al óptimo de producción e intercambio cuando, por un lado, los factores de la producción están siendo utilizados eficientemente y, por otro lado, los bienes producidos se asignan adecuadamente a los distintos consumidores. En estas circunstancias el máximo de bienestar social ha sido logrado y el conjunto del sistema económico funciona eficientemente (el óptimo de los óptimos ha sido logrado: el "optimum optimorum").


 Enfoques normativo y positivo. Los juicios de valor.

 Los teoremas fundamentales de la economía del bienestar son útiles porque definen claramente el papel del Estado. Si no hubiera fallos en el mercado ni bienes preferentes, lo único que debería hacer el Estado es ocuparse de la distribución de la renta. Ya que el sistema de empresa privada garantiza que los recursos se utilizarán eficientemente. Pero cuando hay fallos en el mercado y el Estado necesariamente debe intervenir, hay que tener en cuenta dos observaciones:

 1.     Hay que demostrar que existe, al menos en principio, una forma de intervenir en el mercado que mejore el bienestar de todo el mundo, sin empeorar el de ninguna persona.

2.     Demostrar que, en el intento de remediar un fallo de mercado, no es probable que el propio proceso político y la estructura burocrática de una sociedad, aun siendo esta democrática liberal, interfieran en la mejora propuesta en el sentido de Pareto.

 El hecho de que puedan existir medidas gubernamentales que generen mejoras en el sentido de Pareto no implica necesariamente que la intervención del Estado sea deseable. También es preciso considerar las consecuencias de dicha intervención, en la forma que es probable que adopte ésta, dada la naturaleza del proceso político.

 El análisis del papel del sector público basado en los fallos del mercado es en gran parte un enfoque normativo. Proporciona unos fundamentos para identificar las situaciones en las que debería intervenir el estado, matizados por la consideración de los posibles fallos de tal intervención.

 El enfoque normativo presupone que el grupo político pretende la consecución de un conjunto de fines u objetivos (juicios de valor) y, conocidos los efectos económicos de cada uno de los medios disponibles (ingresos y gastos públicos), el problema se centra en la elección de los más eficaces para alcanzar los fines propuestos. No se trata de explicar las actuaciones concretas del grupo político en las diversas situaciones reales, sino de formular los programas óptimos de ingresos y gastos públicos para conseguir unas metas fijadas de antemano.

 El enfoque positivo, en cambio, procura explicar las causas que condicionan las elecciones concretas de la autoridad financiera en cada circunstancia. Su finalidad es la construcción de una teoría capaz de explicar por qué el grupo político ha optado por determinadas acciones fiscales, así como predecir condicionalmente qué acciones fiscales se producirán en cada diferente supuesto.

 Las proposiciones de carácter positivo son susceptibles de contrastación empírica, por lo que cualquier discrepancia en torno a ellas puede resolverse por esta vía. Las proposiciones normativas son las que se adecuan a una norma en la que se expresa lo que debe ser por contraposición a lo que realmente es y, por lo tanto, se construyen sobre juicios de valor y, en este caso, los acuerdos en cuanto a su validez no pueden resolverse apelando a la realidad observada. La consecuencia de todo ello es que no es posible deducir proposiciones normativas de simples proposiciones positivas, ni viceversa, (excluido el derecho natural, el pensamiento clásico y, en general, la deducción de normas a partir de la realidad objetiva).

La validez o no de un enfoque normativo se deriva en la economía moderna de sus consecuencias y estas pueden conocerse estudiando sus efectos sobre la sociedad en un plazo temporal. Lo normativo no es algo que pueda construirse a espaldas de la realidad económica pero no se identifica con los resultados de la optimalidad económica ya que, aunque los ha de considerar y tenerlos presentes, implica una visión más amplia de esa realidad. El enfoque normativo es de por sí más amplio, ya que se fija en el bien de la persona y de la colectividad, y es ahí donde han de orientarse los juicios de valor. En este punto surge la contradicción fundamental de la modernidad: la elaboración de absolutos condicionantes a la soberanía individual sin aceptar heteronomía alguna. 

 

La envidia y la estupidez. Necesidad de regulación.


La razón básica por la que el Estado participa activamente en la producción reside en la opinión de que las empresas privadas persiguen objetivos que no son compatibles con el interés nacional. La principal crítica que se hace a la producción pública es que es menos eficiente, y ofrece incentivos para la corrupción y la ausencia de libertades. Las empresas privadas tratan de maximizar los beneficios de sus propietarios y no forzosamente el bienestar de la nación. Este es el argumento más utilizado a favor del control público de la producción. No obstante, es posible considerar que si las empresas privadas actúan estrictamente en beneficio propio, satisfacen el interés público. El hecho de que las empresas competitivas, que maximizan sus beneficios, conduzcan a la economía a una asignación eficiente de los recursos significa que no existe necesariamente un conflicto entre los intereses privados (maximización de los beneficios) y el interés público.

Sin embargo, cuando hay fallos de mercado, el objetivo de las empresas de maximizar los beneficios no generará una asignación eficiente, aunque pero esto no implica forzosamente que deba intervenir el Estado. Debe demostrarse que éste puede corregir el fallo sin introducir otros problemas. Si decide intervenir, producir directamente puede no ser el remedio más adecuado. En lugar de intentar controlar directamente la producción, puede tratar de hacerlo indirectamente, bien regulándola, bien creando impuestos y subvenciones que induzcan a las empresas a actuar en pro del interés público. Aunque la provisión sea pública, la producción puede ser privada. No se trata tanto de determinar universalmente cuál es la política óptima cuanto de entender cuáles son las circunstancias en las que cada una de las distintas posibilidades es la más apropiada. 

El control indirecto público no será del todo eficiente ya que las empresas privadas poseen más información que el Estado y pueden conseguir que éste actúe en beneficio de los regulados. Además, el gobierno puede tener múltiples objetivos, por lo que puede ser difícil elaborar una normativa que los refleje totalmente. La regulación ha provocado frecuentes y grandes distorsiones debido a que las empresas intentan aprovecharse de las disposiciones favorables y evitar los efectos desfavorables. La regulación inadecuada podría generar ineficiencias que puede servir a los intereses de los regulados, los reguladores  o los grupos de presión.