NOTAS
PARA PREPARAR LAS MAGISTRALES.
MERCADO
Y ÓPTIMO DE PARETO.
Guía clásica de estudio, por epígrafes. Bibliografía básica
Mankiw. Bibliografía complementaria sin años pues vale cualquier edición.
Presentación
de la asignatura.
Tres preguntas tres respuestas. El mercado como asignador. ¿Por
qué el mercado? Problemas de la intervención pública. 1.1. El Sector Público en un sistema de
economía mixta. 1.2. Objeto y método de la Economía del Sector Público. 1.3.
Enfoques positivo y normativo en la Economía del Sector Público. Comienza esta
lección con una introducción sobre la naturaleza del Estado en una economía de
tipo mixto, la predominante en las sociedades occidentales. Este primer
epígrafe es eminentemente descriptivo pues su función es que el alumno se dé
cuenta básicamente de la presencia destacada que tiene el Sector Público en el
desarrollo de todas las actividades económicas.
El segundo epígrafe es metodológico. Objeto y método son
obviamente los de la Economía, si bien nos encontramos en lo que supone una
especialización, una acotación del objeto por el tipo de agente que ejerce la
actividad en cuestión. La actividad del Sector Público, no obstante, cuenta con
un hecho diferencial respecto a la actividad de otros agentes, que se deriva de
su magnitud y naturaleza. Las actuaciones del Sector Público suelen afectar al
conjunto de la economía. Además, en la disciplina de la Economía del Sector
Público están presentes aspectos normativos y positivos mezclados en muchas
ocasiones, siendo preciso un esfuerzo continuo de deslinde. El tercer epígrafe
recuerda esta tradicional separación y la aplica al estudio de la Economía del
Sector Público.
Stiglitz (La Economía del sector público), lección 1; Albi et
al. (Teoría de la Hacienda Pública), lección 1; Boadway y Wildasin (Economía
del Sector Público), lección 1; Bustos (Lecciones de Hacienda Pública I),
lecciones 1 y 2; Corona y Díaz (Introducción a la Hacienda Pública), lección 1;
Corona (Lecturas de Hacienda Pública), lectura número 1: Colm, “¿Por qué la
Hacienda Pública?”; Rosen (Hacienda Pública), lecciones 1 a 4;
Economía
del bienestar.
Óptimo de Pareto. Fallos de mercado e intervención del sector
público. Eficiencia, equidad, equilibrio. Ramas de intervención del sector
público. Asignación, distribución estabilización y crecimiento 2.1. Los dos
Teoremas fundamentales de la Economía del Bienestar.
Para justificar la presencia del Sector Público, la Economía
acude a los dos Teoremas del Bienestar. Al Primero para afirmar que las
economías no son paretianas por no cumplirse las condiciones requeridas por la
Teoría del Equilibrio General. Se afirma entonces que el Sector Público está en
condiciones de hacer que lo sean. Al segundo para afirmar que es posible lograr
un óptimo de Pareto a partir de cualquier distribución de recursos deseada.
Veámoslo en detalle. Según el Primer Teorema del Bienestar todo equilibrio
general competitivo es un óptimo en el sentido de Pareto. De no verificarse las
condiciones competitivas requeridas, las economías no serán óptimas según
Pareto. El sector público debe intervenir buscando precisamente la eficacia que
el funcionamiento real de los mercados no garantiza.
Bibliografía para lecciones 2, 3, 4, 5 y 6. Stiglitz (La
Economía del sector público), lecciones 3 y 4; Albi et al. (Teoría de la
Hacienda Pública), lección 3; Atkinson y Stiglitz (Lecciones sobre Economía
Pública), lección 11; Boadway y Wildasin (Economía del Sector Público), lección
2 y 3; Corona y Díaz (Introducción a la Hacienda Pública), lección 2; Corona (Lecturas
de Hacienda Pública), lectura número 2: Musgrave, “Teoría múltiple de la
Hacienda Pública”; Musgrave y Musgrave (Hacienda Pública teórica y aplicada),
lección 1; Rosen (Hacienda Pública), lección 8;
1.- ¿Qué significa asignar recursos? Sistemas de asignación.
Escoja uno que no sea el mercado y presente sus ventajas e inconvenientes.
2.-
2.1. Óptimo de Pareto; explicación gráfica, analítica y verbal.
2.- 2.2 Relación con el mercado competitivo. (teoremas
fundamentales de la economía del bienestar)
3.-
Precio, valor, coste.
4.- Total y marginal. ¿Qué importa más? ¿cuál usamos para
decidir?
5.-
Salarios mínimos/ precios máximos/ racionamiento. Efectos sobre la economía.
Análisis gráfico.
6.- Deducción de la demanda.
7.- Deducción de la oferta.
Algunas
reflexiones/lecturas. (OJO.
OPINIONES, PAPELES PREVIOS, NOTAS PARA MI …)
Nota.
Estos materiales no publicados, ni editados, por lo que no pueden ser
compartidos o citados. Necesitan
discusión y validación empírica.
Del
objeto y supuestos de la Economía Política.
…
nos preguntamos entonces, de una parte, en qué consisten los temas que trata la
Economía Política en tanto especialidad, tal y como la conocemos en la
actualidad. Pero de otra, y más importante que lo anterior, nos preguntamos
cuál es la naturaleza del vínculo que da unidad a tales temas.
La Economía Política es la disciplina que se encarga de las
cuestiones situadas en el núcleo fundante y fundamental de la Economía, esto
es, las relativas a los sistemas de organización de la actividad económica y,
dentro de ellas, a la relación de lo económico con lo político y a la acción
del Estado sobre la economía.
Su relación con la disciplina de la Economía del Sector Público
y la Hacienda Pública es inmediata precisamente porque la forma más evidente de
acción del Estado sobre la economía se produce mediante la regulación de la
actividad económica, la imposición y el gasto público. Asimismo, la ordenación
del funcionamiento de una economía de acuerdo a unas normas generales que
delimitan institucionalmente las posibilidades de actuación de los agentes, es
lo que hoy se entiende por Economía Constitucional.
En segundo lugar, la relación entre lo político y la producción
del derecho positivo mediante los procesos legislativos, permite una extensión
inmediata por la cual a la Economía Política le corresponde también el análisis
de las relaciones de lo económico con lo jurídico. Esto último, merece la pena
recordarlo, estaba ya presente de forma natural en la Escolástica hasta el
punto de que lo económico aparecía al reflexionar sobre lo justo en la
actividad mercantil (vid. Fray Tomás de Mercado). En este sentido, los últimos
desarrollos de la Economía Política procederían a formalizar las intenciones de
los fundadores de la Economía Política con respecto a la necesaria visión ética
que debe acompañar a los problemas económicos.
En tercer lugar, la Economía Política ha preservado como específica una orientación normativa que la relaciona, de un lado, con la Política Económica y la Economía del Bienestar, pero de otro, con la Moral y la reflexión ética. En este sentido constituye la vía de comunicación natural con el resto de las Ciencias Sociales con que cuenta la Economía.
La Economía Política actual conserva un signo distintivo
respecto al resto de especialidades de la Economía, y es el de considerar lo
económico como formando parte de un orden social mayor. Un ejemplo claro es la
visión de Rawls de la equidad, que integra en su visión del liberalismo
democrático constitucional. La conciencia de integración de lo económico en el
conjunto de aspectos que definen la sociabilidad humana (la Política, la
Justicia, el Derecho, la Moral) constituye precisamente el vínculo que une los temas
de Economía Política tal y como se hace en la Economía Política Clásica.
Una definición de Economía Política. (reformular L. Robbins) La Economía Política es el análisis de los distintos
procesos asignativos (que llevan a cabo las personas en sociedad). Más
extensamente diríamos que la Economía Política estudia cómo las personas
procuran hacer efectivos los fines que libremente eligen con el mejor uso
posible de los medios de que disponen en el seno de un determinado orden
social.
Los temas específicos de la Economía Política son entonces los
siguientes.
La orientación de toda actividad humana hacia unos fines libremente
elegidos. Al decir libremente elegidos aceptamos como punto de partida el principio
antropológico de que el hombre es un ser libre, recogido en la tradición moral
occidental por la máxima ignaciana del hombre como señor de sí. El hecho de que
quepan acciones que obedecen a fines impuestos por la fuerza no niega la
libertad humana, simplemente da cabida al poder en nuestra concepción de la
Economía Política.
Así, por ejemplo, la definición clásica del Estado como aquella
institución a la que se otorga el monopolio de la coerción señala la actividad
del Estado como específica de la Economía Política. En este sentido, sólo la
legitimidad del poder permite, en el plano del deber ser, la imposición
coercitiva sobre los miembros de una colectividad cualquiera de las leyes o de
las decisiones adoptadas para el conjunto -y por el conjunto, en una sociedad
democrática-. Es decir, aceptamos la imposición de un fin si el sujeto o
institución que lo impone goza de legitimidad. La coerción ilegítima no niega
el principio antropológico previo, sino que lo convierte en un imperativo moral
que afirma la libertad del hombre como objetivo.
Continuando con los términos de nuestra definición, el mejor uso
posible de los medios es el principio de comportamiento económico tradicional:
optimizar los recursos, perseguir un resultado con el menor sacrificio, coste o
dolor posible, y otras expresiones análogas, son representativas de un
principio antropológico también denominado de racionalidad instrumental por
parte del pensamiento filosófico. Este principio no presupone nada sobre el
tipo de fines que se persiguen y que tratan de obtenerse con el menor
sacrificio posible, por lo no es correcto identificarlo con una conducta de
tipo egoísta. Pero sí introduce un criterio
normativo, de comparación entre sistemas asignativos y una metodología de
análisis. Nos exige posicionarnos, según criterios (eficiencia, equidad,
estabilidad y crecimiento) y a analizar cuantitativamente (explicación lógica,
analítica, y gráfica, aún simplificando).
Respecto a los medios disponibles, adoptando una postura
subjetivista, hay que indicar que medio es todo aquello que las personas, como
sujetos de la acción, creen que sirve para hacer efectivos sus fines. Por lo
tanto, el conjunto de medios estará tan ampliamente definido como lo crean los
sujetos de la acción y su valoración será también naturalmente subjetiva. Esto
es, los medios serán valorados tanto más o menos según crean los sujetos que
sirven para la realización de sus fines y según sean valorados a su vez dichos
fines.
Cuando los medios disponibles son objeto de intercambio sistemático surgen los mercados, los precios, y el dinero.
Hay que resaltar que los medios lo son en relación a un
determinado fin, pero a su vez, el logro de un fin se puede constituir en medio
para otro fin ulterior. Hablar de medios y fines remite inmediatamente a una
jerarquía en que los fines perseguidos por una acción particular son medios
para otra acción posterior. Este hecho resulta claro, por ejemplo, en Política
Económica en que se diferencian distintos niveles de objetivos -finales,
intermedios- que se implican coherentemente de forma jerárquica. También
resulta relevante en Economía Pública, en que se establecen tres ramas de
intervención (asignación, distribución y estabilización y crecimiento) pero con
la dificultad añadida de la dificultad de jerarquización entre ellas más la
obstaculización en ocasiones de unas por otras (el caso más evidente es el
trade off equidad y eficiencia).
La Economía se ha concentrado en el estudio de la eficiencia, y
esto ha derivado forzosamente en examinar las razones de la ineficiencia, para
reformular el marco institucional en aras de superar los llamados fallos de
mercado. Ahora bien, esta reforma introduce a su vez otros fallos del sector
público que requieren de nuevo los incentivos e información que otorgan los
precios para resolverlos. Un ejemplo clásico son los efectos externos; hay
fallo de mercado, por ejemplo, en la polución.
Actúa el sector público, pero tiene problemas para valorar correctamente
la polución en caso de solución compensatoria por no se posible evitar o
reparar. Volvemos al sector privado con el Tma de Coase, que se cumple sólo si
existe un Estado que asegure los derechos de propiedad.
En consecuencia, en Economía Política debemos estudiar todo
aquello que afecte a la posibilidad de hacer efectivos los fines. No estamos
afirmando nada novedoso pues el propio Robbins al contemplar como alternativos
los fines está afirmando que la elección de uno de ellos, su logro efectivo,
implica la renuncia al resto. El concepto de coste de oportunidad como la
valoración de la mejor alternativa rechazada no hace sino referirse a la
imposibilidad de satisfacer simultáneamente un conjunto de fines, es decir, no
todos pueden ser efectivos.
Por último, la expresión en el seno de un determinado orden social implica aceptar el principio antropológico que afirma que el hombre es un ser social. La natural sociabilidad del hombre ha de tener cabida, como la libertad y la racionalidad, al hacer Economía Política. La sociabilidad implica que las personas de nuestra definición procuran la realización de sus fines integradas en unas determinadas colectividades necesariamente. Colectividades organizadas de determinada forma y regidas por determinadas normas legales, organizativas, de agregación colectiva de preferencias, éticas y morales. En nuestro caso, presuponemos de manera implícita el marco de la democracia representativa, liberal y social.
En
relación a la sociabilidad humana
… caben dos posturas fundamentales de larga tradición. De un
lado podemos suponer que cada individuo entra en relación con otros porque lo
necesita para lograr sus fines. La relación social es entonces un medio, y el
orden social es el resultado no planificado que hace posible la convivencia
mediante un proceso de adaptación continúo (concepción evolutiva presente en
Hayek, por ejemplo). La explicación del orden social mediante el concepto del
contrato social también afirma que el orden social se establece para hacer
posible la convivencia de los individuos. En algunos casos, a diferencia del
planteamiento evolutivo citado, presupone la posibilidad de diseñar a voluntad
dicho orden social, esto es, cambiar los términos del contrato. Esta concepción
de sociabilidad en sus distintas variantes nace en la Ilustración, llega hasta
nuestros días y está detrás de la actual Economía Política Constitucional. La
segunda postura supone que el individuo asume como propios los fines del o los
grupos en que se integra identificándose la adopción de dichos fines con el
hecho de pertenecer al grupo. La defensa y promoción de los miembros de la
colectividad resulta entonces un fin en sí mismo íntimamente ligado a los
objetivos que pueda tener el colectivo. Propiamente es el principio
antropológico de la natural sociabilidad humana. Esta concepción de la sociedad
está presente en la historia de la Humanidad desde sus inicios lo que
testimonian la práctica totalidad de las religiones. Sin embargo, las teorías
sociales basadas en principios individualistas no adoptan esta visión. Análogamente
al principio de libertad, que no afirma la imposibilidad de la coerción, el de
sociabilidad no afirma que las relaciones humanas sean siempre armoniosas. La
búsqueda de una armonía social basada en la justicia se constituye entonces en
imperativo moral. Por ejemplo, el concepto de equidad sería el correlato del
concepto de justicia, si bien estático, presente en la Economía del Bienestar.
Sobre
la autoridad. Marx. (visión crítica)
Toda sociedad tiene que resolver problemas económicos, o lo que
es lo mismo, de alguna manera debe responder a las preguntas asignativas sobre
qué producir, cuánto, de qué manera, cómo repartir el producto, cuánto invertir
para incrementar el nivel de bienestar futuro, en qué sectores.
Un sistema económico o asignativo entonces se puede definir como
el conjunto de instituciones que tienen el objetivo de hacer posible la
coordinación de las actividades de los distintos agentes económicos. Sin
embargo, estos aspectos que acabamos de mencionar se entienden integrados en un
orden social mayor que es el encargado de dotar de un para qué, de un sentido
final, a dichas actividades.
Tomando como referentes a Smith y Marx viene siendo tradicional
tipificar dos formas básicas de sistema económico, al margen de la tradición,
la magia y demás fórmulas que son más del ámbito del antropólogo que del
investigador social. Los economistas solemos valorar estas fórmulas que
encuadramos bajo el epígrafe de economías tradicionales de manera negativa por
su dificultad para adaptarse al cambio, por la falta de evolución social y por
ser parte generalmente de sociedades organizadas al margen de la democracia
representativa, liberal y social.
La autoridad responde a una estructura jerárquica. Existe un
centro único de decisión, que, partiendo de cierta información inicial,
responde a todas esas preguntas. Mediante un sistema de órdenes se llevan a
cabo ese tipo de decisiones en lo que constituye un sistema de planificación o
de economía centralizada. Existe un plan, una directriz administrativa impuesta
por una instancia superior, la agencia de planificación. En el plan se
especifican las cantidades de factores, de productos, la remuneración del
factor trabajo y los precios de los productos, a qué sectores se dirige la
inversión. Ejemplo típico de este caso serían los desarrollos económicos de las
dictaduras, que aun manteniendo privada la titularidad de los medios de
producción, centralizan de manera pública los incentivos para orientarla. Si los
medios de producción fuesen de titularidad pública junto con decisiones
centralizadas de asignación nos encontraríamos con una economía cuyo ejemplo
arquetípico sería las de tipo comunista (soviética, china, aunque ésta última
tiene muchos matices).
La información sobre la escasez, que en la economía de mercado
es suministrada por los precios, en la economía centralizada se ve suprimida
por una orden administrativa. Existen dos flujos básicos de información: uno de
abajo a arriba de información que parte de las unidades productoras sobre el
grado de cumplimiento del plan, y otro de arriba a abajo sobre lo que debe
hacerse en cada caso. (Anécdota de Andreff sobre la fábrica de clavos y el
cumplimiento del plan)
En la economía centralizada es el Estado o la agencia de
planificación quien establece las prioridades, quien interpreta lo que se
supone es el bien general de la sociedad. El socialismo y el fascismo establece
que el bien general pasa por la organización centralizada de la actividad
económica, pues quién mejor que el Estado para conocer el interés general. Se
afirma que no puede ser el interés egoísta de los propietarios del capital el
que conduzca al máximo bienestar general. Desde una perspectiva marxista se
afirma que el capitalismo es un sistema anárquico, de funcionamiento abocado al
fracaso, e injusto, dada la desigualdad de las relaciones de producción que se
establecen entre la clase trabajadora y la propietaria del capital.
La finalidad de las instituciones del socialismo es clara. Para
el socialismo, la sociedad que organiza su economía bajo el sistema de libre
mercado está profundamente escindida en dos grupos: asalariados y propietarios
de los medios de producción. La economía de mercado traduce el interés de unos
pocos, la clase capitalista, y no el interés de todos. El paso al socialismo
resulta necesario tanto lógica como moralmente. Por lo tanto, el sentido de la
actividad económica es precisamente el logro del máximo bienestar material en
condiciones de igualdad acabando con la profunda desigualdad inherente al
intercambio capitalista.
En efecto, la obra de Marx, en la que se basa la adopción de un
sistema de planificación centralizada como el descrito, constituye una crítica
del capitalismo desde el punto de vista no sólo de eficiencia a largo plazo
sino fundamentalmente desde una perspectiva moral. Marx trata de demostrar cómo
el sistema capitalista, aparentemente basado en la libertad y la igualdad, se
fundamenta realmente en la explotación, en la obtención de plusvalía por parte
de la clase social propietaria de los medios de producción. El capitalismo es
injusto y bajo tal juicio moral se propone un diseño social superior que
socialice la plusvalía, diseño que será concretado posteriormente por los herederos
intelectuales del marxismo y llevado a la práctica en diversas naciones.
Las limitaciones del modelo son múltiples. Desde el punto de
vista de la eficiencia, la no introducción de incentivos de precios y salarios
hace que la productividad y la asignación de recursos asociada a las
necesidades percibidas de los individuos se deteriore. La definición
centralizada de necesidades choca con la definición individual de necesidades,
pues esta última sólo se manifiesta en el acto mismo del intercambio, y depende
entre otros factores de las cantidades ya intercambiadas, por la saturación en
el consumo y el cansancio en el trabajo. De esta manera, los agentes elaboran,
en el mejor de los casos, planes que incluso ellos mismos desconocen por ser
incapaces de proyectar sus deseos y capacidades a situaciones futuras de las
que desconocen las escaseces y productividades relativas. En el caso más
habitual, los agentes engañan a la autoridad central, adelantándose a sus
planes de manera estratégica, declarando necesidades mayores y capacidades
menores de las reales. En el peor de los casos, las colas, el favoritismo, los
privilegios de los grupos dominantes sustituyen a las señales de mercado y, por
supuesto, a los criterios de justicia en la asignación, apareciendo el
acaparamiento, el estraperlo y, en general, los mercados grises o abiertamente
ilegales. Por otra parte, la distribución centralizada no puede tener en cuenta
la convexidad de las preferencias, esto es, el gusto humano por diferenciarse y
variar. Aun pudiendo suponer economías de escala interesantes en un primer
estadio de desarrollo, la distorsión entre el plan y la persona hace que las
eventuales ventajas desaparezcan con celeridad.
En lo que se refiere a la equidad, las limitaciones de los
regímenes políticos que han de acompañar a estos sistemas de mercado hace que
los criterios de equidad se vean sustituidos en muchos casos por criterios de otro
tipo ya mencionados. El crecimiento, por fin, suele verse negativamente
afectado por el mismo problema de falta de señales que sea capaz de orientar a
las autoridades hacia los bienes y servicios que las sociedades cambiantes en
su evolución van demandando.
En nuestra opinión, la mayor crítica a realizar es la
imposibilidad metodológica de aprehender la información individual de manera
eficiente, en lo micro, junto con la necesaria restricción de las libertades,
en lo macro.
Sobre
el mercado. La visión austriaca. (un
poco de heterodoxia). (también visión crítica)
… El segundo tipo de sistema de organización de la actividad
económica supone la cooperación voluntaria de los individuos y los grupos de
individuos libremente asociados que interactúan entre sí mediante el mercado.
La información que éstos tienen en cuenta al tomar sus decisiones son los
precios, no las órdenes que emanan de un centro de decisión. A este sistema se
le denomina de economía de mercado.
Tanto empresas como economías domésticas actúan guiados por su propio interés.
En la estructura de precios relativos estará plasmada la estructura de fines y
valores morales diversos que los agentes manifiestan mediante su respectivas
demandas y ofertas.
Para Adam Smith la legitimidad moral de la economía de mercado
reside en el sencillo y obvio sistema de la libertad natural, y en el hecho de
que la búsqueda del beneficio y del éxito propios son un aspecto de la virtud
de la prudencia. Se juzgará como moralmente buena una sociedad con este
fundamento si, además, el resultado es el aumento de los bienes producidos para
el consumo de todos los miembros de la sociedad.
La competencia ha de basarse en unas reglas del juego justas,
algo aceptable moralmente, y que, en términos empíricos, es el modo de
organización que permite un incremento general de la producción, porque éste
redunda en un mayor bienestar, posibilidades de justicia y empleo.
Las virtudes de la prudencia y de la justicia bastan para que el mercado funcione. La primera es el cuidado de la salud, de la fortuna, del rango y reputación del individuo. Supera el economicismo actual de los medios y la discusión pública en la teoría de la empresa; las empresas producen para más cosas que para maximizar el beneficio, aunque éste principio sea una guía útil de predicción de comportamiento, no es una explicación correcta de funcionamiento de la empresa. El capitalista desea no sólo maximizar el beneficio sino obtener reconocimiento y servir las necesidades de la sociedad. La justicia se define negativamente como no perturbar la felicidad de nuestro prójimo simplemente porque se interpone en el camino de nuestra felicidad. La justicia ha de ser impuesta coactivamente por el Estado. La benevolencia, esto es, la preocupación activa por el prójimo, a diferencia de las dos virtudes anteriores, es innecesaria para el funcionamiento de la sociedad, aunque su existencia es el ornato que embellece el edificio.
Tanto Smith como Marx basaron sus concepciones sobre los modos
de organizar la actividad económica en claros presupuestos morales, aunque
opuestos a la hora de prescribir mejoras sociales. Mientras que para Marx las
relaciones sociales de producción basadas en la apropiación capitalista de la
plusvalía eran sustancialmente injustas debiendo ser superadas por medio de la
revolución socialista, para Smith el ejercicio constante y descentralizado de
las virtudes conduce a un funcionamiento armonioso.
No cabe para Smith la imposición de un plan que transforme la
sociedad ya que no es posible mover a los miembros de una gran sociedad con
tanta facilidad como la mano mueve las diferentes piezas de un tablero de
ajedrez. Cabe la defensa de las instituciones que garantizan el ejercicio de la
prudencia y la justicia (la propiedad, las reglas de la competencia) mientras
que la benevolencia se deja al libre ejercicio de los individuos.
Ya en el siglo XX, Hayek, siguiendo los pasos de Menger, revitaliza
la defensa del libre mercado basándose en principios evolutivos aplicados al
orden social. The Use of Knowledge in
Society, (Hayek, 1945), destaca la función insustituible que desempeña el
libre establecimiento de precios en el mercado para la administración adecuada
de los flujos dispersos de información. Las decisiones descentralizadas que se
toman en respuesta a precios determinados por las fuerzas del mercado permiten
utilizar este conocimiento disperso de forma incomparablemente mejor de lo que
permitiría una economía centralizada. El problema de la información y de la
agregación centralizada de preferencias.
Los precios no distorsionados coactivamente se constituyen en la
guía correcta de las decisiones económicas al recoger relaciones de intercambio
-disposiciones subjetivas a intercambiar unos bienes por otros- en atención a
una estructura de medios y fines implícita y de imposible procesamiento para un
único agente. El sistema de precios logra una economía de conocimiento al
concentrar en señales simples e inequívocas la información relevante para cada
agente. Las decisiones individuales precisan del funcionamiento libre de
interferencias del conjunto de los mercados. Con mercados intervenidos resulta
imposible el cálculo económico dada la inexistencia de precios realmente
portadores de información sobre la escasez.
Del análisis del proceso espontáneo y evolutivo que da lugar al
surgimiento no deliberado de las instituciones sociales, en concreto de los
mercados, se deriva la imposibilidad a priori del socialismo o el fascismo,
entendidos ambos como sistemas de economías centralizadas, el primero con
propiedad pública de los medios de producción, el segundo con propiedad
privada. Es la caja negra de Marx que Sraffa no logra abrir.
En efecto, Mises y Hayek han pasado a la historia como los
autores que más prontamente fueron capaces de predecir el fin del socialismo,
imposibilidad que se extiende a cualesquiera otras formas de constructivismo
racional. Cualquier sistema social que base su funcionamiento en la coacción
impedirá sistemáticamente el surgimiento de la información necesaria para la
coordinación de las actividades humanas, y en concreto, de las económicas,
resultando así insostenible.
El planteamiento evolutivo de la Escuela Austriaca de Economía persigue endogeneizar el surgimiento de la Moral y de las instituciones de todo tipo propias de la sociabilidad humana.
La libre espontaneidad de los individuos les lleva a probar formas
nuevas de convivencia en todos los ámbitos de la actividad humana, de las
cuales algunas logran un éxito que se traduce en su difusión y pervivencia
(nuevas formas de familia, nuevas organizaciones empresariales, educación vía
nuevas tecnologías). La libre espontaneidad excluye el ejercicio centralizado
de cualquier tipo de ingeniera social. La prueba y el error se ejercen a nivel
descentralizado respetando el conjunto de instituciones que la tradición, depósito que acumula las formas
de convivencia y organización más exitosas, ha asentado.
El proceso histórico ha conducido en los últimos siglos a la
creación del que denomina Hayek el orden extenso. La Humanidad habría pasado de
las emociones y actitudes propias de los
pequeños grupos en que la Humanidad ha vivido durante más de cien mil años y en
los que los miembros de la colectividad se ayudan unos a otros persiguiendo
unos fines comunes al orden extenso en que ya no servimos principalmente a nuestros inmediatos allegados ni
perseguimos fines comunes, sino que se han formado unas instituciones, unos
sistemas morales y unas tradiciones que han producido y en la actualidad
mantienen un número de individuos enormemente superior al existente en etapas
anteriores, individuos que en buena medida pacíficamente persiguen una
multiplicidad de fines diferentes elegidos por ellos mismos en colaboración con
otros miles de personas a quienes jamás conocerán.
Quizá la mayor crítica metodológica que se puede hacer a este
modelo es el optimismo en la calidad humana sobre la que descansa las virtudes
micro de cada persona, que conducen libremente a la hacendosidad, la
responsabilidad y la justicia, asegurando eficiencia y equidad de manera
espontánea, junto con el surgimiento macro de un orden social (orden extenso) que
aseguraría por sí y sin necesidad de intervención del sector público la
asignación suficiente en aquellas tareas de las que per se no ocupa al sector
privado, esto es, la superación de los fallos de mercado en la ruptura de las
condiciones de Pareto, la justicia asignativa y la superación espontanea de los
ciclos económicos así como la consecución del crecimiento. Hay otra crítica,
que no explicitamos en clase pero que realizamos al denominar los ejes como
Estado (¡pinte usted un estado! Y ustedes pintan los ejes de precios y
cantidades para intercambiar en el mercado). En efecto, sin sector público que
lo garantice, no se aseguran las condiciones previas al intercambio libre y
pacífico y existencia de mercados.
Los breves y necesariamente incompletos análisis realizados de
las concepciones de los sistemas asignativos derivados del marxismo y del
liberalismo de Smith y de Hayek, se presentan a modo de ejemplos de cómo lo
económico como sistema, ha sido insertado o relacionado con el resto de lo
social, hasta el punto que tanto para Marx como para Smith y Hayek, en nuestra
opinión, el carácter político de la economía queda de manifiesto; más que un
mero proceso asignativo, sea de mercado o centralizada, en ambas corrientes
aparentemente antagónicas la economía surge de imperativos morales, se
despliega en virtudes públicas y culmina la construcción de sociedades
deseables tanto en su conjunto cuanto en la calidad de las personas que las
componen. Ambos, Smith y Marx, se preocupan de asuntos de Economía Política
clásica. Debemos esperar a Keynes, Samuelson y Musgrave para reformular los
temas y la manera de afrontarlos y asistir al surgimiento y eclosión de la
economía política contemporánea. Eso será otro día…
Un
apunte sobre Teoremas del Bienestar e intervención del Sector Público.
… ya expusimos en qué consistía la estructura de un modelo de
Equilibrio General. Una situación de Equilibrio General Walrasiano (para
nosotros óptimo de Pareto; un equilibrio de Walras no es más que un óptimo de
Pareto generalizado a todos los mercados) verifica dos propiedades conocidas
como Teoremas del Bienestar.
Por el Primero un Equilibrio General Competitivo es un óptimo
en el sentido de Pareto, esto es, ningún agente puede mejorar su situación
en términos de utilidad o beneficio, a no ser que empeore la situación de, al
menos, otro agente. Si no se cumplen las condiciones competitivas establecidas,
las economías no serán óptimas según Pareto. La intervención del Sector Público
se justifica en términos de eficiencia ya que el objetivo de su intervención es
lograr la asignación óptima que el mercado no es capaz de garantizar.
Los incumplimientos de este Primer Teorema han dado lugar a una
serie de fallos de mercado entre las que destaca la teoría de los bienes
públicos puros de Samuelson, las externalidades de Pigou, los monopolios
naturales, los bienes preferentes e indeseables, la información incompleta y
otros.
Por su parte, el Segundo
Teorema del Bienestar afirma que es posible alcanzar una situación óptima en el
sentido de Pareto a partir de una determinada distribución de los recursos
iniciales y dejando, a partir de ella, funcionar al mecanismo competitivo.
Es decir, que se pueden asignar eficientemente los recursos con la distribución
deseada. Hay que resaltar que la transferencia de recursos que contempla este
Teorema no ha de implicar la ruptura de la igualdad de precios relativos y
valoraciones en el margen que se establecen en los mercados perfectamente
competitivos, esto es, no ha de destruir las propiedades de eficiencia del
equilibrio competitivo. Por ello, los impuestos (los óptimos para eficiencia de
cuantía fija per cápita, sub óptimos proporcionales, infra óptimos progresivos)
y las transferencias han de ser no distorsionantes. El hecho de que dichos
instrumentos no se utilicen y en su lugar la imposición y las transferencias
sean distorsionantes, introduce el conocido dilema o trade off entre eficiencia
y equidad.
La Economía del Bienestar se basa en la posibilidad de
transferir recursos entre agentes de la forma mencionada, esto es, sin afectar
a la eficiencia, aumentando el grado de Bienestar general de una colectividad
ya que se ganaría en términos de equidad.
Las nociones tradicionales de la Economía del Bienestar se basan
en el criterio de Pareto, los criterios de compensación y las funciones de
bienestar social o criterios colectivos o sociales de justicia (en una amplia
gama, desde utilitaristas a igualitaristas, o la más generalizada siguiendo a
Rawls) donde se recogen las preferencias agregadas, colectivas o sociales sobre
la distribución de la utilidad entre los distintos individuos de una sociedad.
Bajo esta concepción, el Sector Público es un agente benevolente cuyas
actuaciones se dirigen a aumentar el bienestar general. La discusión sobre los
fines de este agente se limita a la discusión sobre cuál ha de ser la función
de bienestar elegida para llevar a cabo la distribución pertinente. (criterios
de justicia). No se supone que haya otros elementos en la ecuación.