¿Por qué el Sector Público? (Para muy cafeteros)

 

UNA VISIÓN DESDE LA ECONOMÍA PÚBLICA. 

¿POR QUÉ EL SECTOR PÚBLICO? ENFOQUE DE MUSGRAVE.(De apuntes de Hacienda Pública Avanzada)

El estudio de la economía política evalúa la capacidad de los sistemas económicos para la correcta asignación de recursos escasos a fines alternativos.

Buscamos el sistema que mejor asigne, según unos criterios implícitos que sería bueno explicitar. Queremos que el sistema sea eficiente, esto es, que produzca el máximo dados los recursos disponibles, o, a la inversa, que para obtener una determinada producción utilice el mínimo de recursos disponibles. Queremos que tenga equidad; definible según múltiples criterios, escogeremos el de Rawls. Queremos que sea estable, o incluso más, estable y creciente. ¿Lo queremos todo y lo queremos ya?

El mecanismo de mercado actúa a través de la colaboración de millones de individuos, productores y consumidores. La producción viene determinada por las expectativas de beneficios que dependen, a su vez, de la demanda. Pero esta se ve influida por los gustos y por la renta derivada del proceso de producción, dirigido de nuevo a la demanda que satisface.

Aun reconociendo la gran utilidad del mercado en el logro de la asignación eficiente de los recursos cuando existen mercados competitivos, no se pueden obviar las fuertes limitaciones a que está sometido y que ocasionan una actuación defectuosa que le impide cubrir las exigencias de bienestar general.

ü La eficiencia del mercado está sujeta a que se cumplan una serie de supuestos que contribuyen a la configuración de un ambiente idóneo para el intercambio.

ü Además, la economía basada únicamente en los principios de optimalidad y eficiencia, deja a un lado consideraciones como la justicia (equidad, igualdad de oportunidades y sistema de protección social en caso de enfermedad, desempleo y vejez, principalmente), esto es, la posibilidad de que todos tengan acceso suficiente al sistema de intercambio, así como la estabilidad y el crecimiento, esto es, que el acceso al mercado sea creciente y permanente.

 

Fallos del mercado como fundamento de la intervención del sector público en la economía.

El sector público desempeña un papel ambivalente: de una parte, tiene un papel organizativo, ya que participa en la generación de renta y riqueza de las economías; de otra, puede constituirse en interferencia y carga del funcionamiento del mercado. Siendo un instrumento poderoso de organización y cohesión social, al igual que sucede con el mercado, tampoco es capaz de desarrollar plenamente y por sí solo los objetivos económicos y sociales de las democracias representativas. Es necesario establecer las vías de convivencia mercado y estado.

¿Por qué es necesario el sector público? Sabemos que, por eficiencia, para maximizar el bienestar de los participantes, la composición de la producción debe corresponder con las preferencias de los consumidores individuales, y para responder a cambios en las situaciones necesitamos tomar las decisiones de manera descentralizada. ¿Por qué no se deja todo en manos del sector privado? La presencia de sector público refleja la presencia de ideologías políticas y sociales que se apartan de las premisas que justifican la elección del consumidor y la toma de decisiones descentralizada.

La cuestión no es no asumir las ventajas del mercado, se trata de ser consciente de hasta qué punto funciona esta maravillosa maquinaria de agregación de preferencias, información y estímulo. Reconocer sus fortalezas y sus límites. El mercado tiene fallos y a través de él no se pueden realizar todas las funciones económicas. En este caso la política pública es necesaria para complementar, corregir y guiar al mercado. Por lo tanto, la presencia del sector público en la economía, más que una cuestión ideológica, es una cuestión técnica. 

La eficiencia se ve en ocasiones comprometida.

ü  La afirmación de que el mercado conduce a una asignación eficiente de los recursos (y por eso entendemos que el mercado produce lo que los consumidores desean y lo hace de la forma más eficiente posible en una economía) se basa en la afirmación de la existencia de mercados competitivos de factores. Por tanto, en esos mercados no debe haber obstáculos a la libre entrada y salida de consumidores y productores, éstos deben tener información total y conocer perfectamente el mercado. Pues bien, incluso en este caso será necesaria la presencia de sector público con el objeto de que regule y adopte las medidas necesarias para asegurar las medidas de competencia.

ü  El sector público también tiene necesidad de intervenir cuando la competencia no es eficiente. Por ejemplo, cuando en una economía de mercado existen costes decrecientes llegará un momento en que los productores se irán expulsando unos a otros (hasta la paradoja de que el último se acabase expulsando a sí mismo liquidando los activos y situándolos en un mercado financiero –es una broma interesante)

ü  Hay que recordar que los acuerdos o intercambios contractuales necesarios para el funcionamiento del mercado no pueden existir sin la protección y el refuerzo de una estructura legal, tutelada, desarrollada y prevista por el gobierno.

ü  Incluso en el caso de que existiese esa estructura legal y se suprimiesen los obstáculos a la competencia, existen bienes o servicios que tienen unas características de producción o de consumo tan específicas que no pueden ser previstas por el mercado. En estos casos surgen fallos de mercado (que veremos más adelante).

La equidad se ve en ocasiones comprometida.

ü  Los valores sociales pueden requerir ajustes en la distribución de la renta y la riqueza resultantes del sistema de mercado.

ü  Sería posible establecer un amplio consenso, antes de conocer con exactitud el lugar que vamos a ocupar en la sociedad, nuestras habilidades y accidentes, que es deseable promover la igualdad de oportunidades (educación secundaria, fundamentalmente) y de establecer redes que mutualicen y nos protejan de los accidentes de la vida (sanidad, desempleo, vejez)

 El equilibrio (y crecimiento) se ve en ocasiones comprometido.

ü  Cuando se estudian las economías financieras, en que gran parte del ahorro nacional se documenta en activos financieros, se observa que el sistema de mercado no lleva directamente a niveles altos de empleo, ni tampoco conlleva a una estabilidad automática del nivel de crecimiento socialmente deseado.

ü  Una breve revisión histórica de las series nos muestra que existe desempleo e inflación, ambos incompatibles con el objetivo de equilibrio.

 

Análisis musgraviano del sector público. Funciones económicas del sector público.

 

Función de Asignación.

No todos los bienes y servicios pueden proveerse mediante el mecanismo del mercado, es decir, mediante transacción o negociación entre consumidores y productores individuales.

Se suele pensar que un bien es colectivo (público, de club o común, en definitiva, no privado) cuando la razón básica para el fallo de mercado estaría en la necesidad de que la demanda de estos bienes sea sentida de una forma colectiva, mientras que para los privados sería individual, pero esto no es así. La diferencia se encuentra en que los beneficios que producen los bienes sociales no se limitan a un consumidor en concreto que disfruta del bien como sucede en el caso de los bienes privados.

En el caso de los bienes públicos se encuentra disponible para cualesquiera otros consumidores, el consumo es no-rival, es decir, el consumo de los bienes sociales por varios votantes contribuyentes se dice que es no-rival en el sentido de que la participación de un individuo en los beneficios no reduce el nivel de beneficio disponible para el resto de los individuos.

¿Cómo debería el gobierno determinar la cantidad de bienes colectivos que ha de proveer? La dificultad básica en este terreno no es que los individuos rechacen hacer un pago voluntario sino decidir la clase y la cantidad de bien social que debe proveerse y cuanto se debería pedir a una persona determinada. En principio puede resultar razonable que el individuo pague por los beneficios que reciba (tal y como sucede con los bienes privados) pero esto no resuelve los problemas, pues la dificultad estriba en saber cómo valora el individuo los bienes que recibe. Pues de la misma manera que los consumidores individuales no tienen motivos para ofrecer pagos voluntarios a un productor privado, tampoco los tienen para revelar al sector público el grado en que valoran el servicio público (dificultad del gorrón o free rider). Es decir, los individuos no tienen motivos para declarar que bien social es realmente importante para ellos a menos que sepan con seguridad que los demás individuos sí van a hacerlo. Por lo tanto, no serviría de nada establecer los tributos bajo una base de voluntariedad.

[Aunque los bienes sociales están disponibles para todos los individuos, sus beneficios están limitados espacialmente, por ejemplo, tenemos defensa pública para todo el estado, pero el alumbrado de una calle solo sirve para los de la zona. Esta distribución tiene una incidencia muy importante respecto al federalismo fiscal, introduciéndonos en la centralización o descentralización.]

 

Función de Distribución.

Nos centraremos diciendo que aquí se analizará el uso eficiente de los recursos a partir de una distribución de la renta y una determinada pauta representativa de las preferencias de los consumidores. Básicamente se usan mecanismos con los que se logran objetivos mediante políticas de impuestos y transferencias.

¿Cuáles son los determinantes de la distribución? Si no hubiere políticas redistributivas de reparto de la renta y de la riqueza en una sociedad democrática dependería exclusivamente de la dotación de factores incluyendo aquí las capacidades individuales y en segundo lugar, de la propiedad de la riqueza acumulada o de la herencia. Las políticas en este campo se perfilan como correctoras de estos factores.

¿Cómo se distribuye la renta? En este tema no existe un consenso generalizado y todo lo que hay es la ley de Pareto enunciada en términos generales como " Alguien gana y los demás no empeoran". A partir de esta regla comenzaría el proceso político de negociación de cómo se debe distribuir la renta y esto nos llevaría a tener que instrumentalizar políticas a través de instrumentos fiscales de las políticas de distribución.

Estos mecanismos fiscales podemos clasificarlos en tres grupos. 

1.-  Esquema impuesto – transferencia. Combinaría la imposición progresiva de la renta de los individuos con ingresos superiores con subvenciones a los individuos de rentas inferiores (Imposición progresiva: Aquella que genera todo impuesto cuya relación con la renta se incrementa a medida que crece la renta.). 

2.- Impuestos progresivos. Usados para la financiación de bienes públicos selectivos de mayor uso por los grupos de menor renta. 

3.- Establecer una combinación de impuestos sobre aquellos bienes adquiridos mayoritariamente por los individuos de mayores ingresos junto con una serie de subvenciones a los productos que en mayor medida son consumidos por los individuos de menores rentas.

 Cualquier intervención que se haga en este campo representa un coste de eficiencia para el sistema económico, pero ello no debe indicar que esa pérdida de eficiencia se convierta en un argumento excluyente de cualquier medida que se tome en este campo. Ese coste de eficiencia es una llamada de atención para que las políticas públicas tengan en cuenta dos cuestiones:

ü  Cualquier cambio distributivo debe ser logrado con el menor coste de eficiencia posible. 

ü  Es necesario que las políticas equilibren los conflictos que pueden surgir entre los objetivos de eficiencia y equidad.

 

Función de Estabilización.

 Es la función que más importancia tiene en la fase actual de globalización económica mundial. Estas políticas son necesarias ya que los tres objetivos no se consiguen automáticamente y además la evidencia empírica demuestra que desempleo e inflación pueden coexistir simultáneamente.

 Además, el proceso de globalización del mercado supone que el grado de dependencia de una economía es creciente, esto hace que los impulsos de inestabilidad se puedan transmitir de un país. (el valor de las políticas públicas de naciones abiertas y pequeñas es limitado).

 Instrumentos con los que se llevan a cabo dichas políticas en el contexto de la globalización:

ü  Política monetaria. Instrumentos Monetarios. Precio del dinero (tipo de interés) cantidad de dinero (balance de los bancos centrales) expectativas (comunicados de las autoridades monetarias)

ü  Política Fiscal. Instrumentos Fiscales. Nivel de gasto e impuestos.

ü  Política cambiaria. Tipo de cambio (en áreas económicas integradas, UE, no es instrumento nacional)

 

Más instrumentos de actuación del sector público.

Legislación básica. Protege los derechos de propiedad, garantía de las condiciones competitivas, derechos de acceso al gasto público. Necesita instituciones de orden público y sistema judicial.

Regulación. De las transacciones económicas, tales como la regulación de la calidad que afecta fundamentalmente a las condiciones de la oferta de bienes y servicios (titulación reconocida para el ejercicio profesional, publicidad engañosa), las regulaciones sobre cantidades que se refieren con más frecuencia a la demanda individual (escolarización primaria obligatoria, seguro obligatorio de vehículos).

Financiación. De su propia actividad mediante tributos (impuestos, tasas o precios públicos) o de la actividad privada mediante subvenciones o compras.

Producción/provisión pública. Hay dos formas de intervención en la oferta de bienes y servicios: Directa (producción pública) e Indirecta (financiación y regulación de empresas privadas). Típicamente, se produce 

ü  Producciones no comercializables (defensa nacional)

ü Producciones reales comercializables; educación, sanidad; transporte, productos energéticos.

ü  Servicios financieros y  de seguro, para hacer frente a contingencias como jubilación, enfermedad y desempleo. 

Transferencias monetarias. Asociadas a las políticas redistributivas como los programas de garantía de una renta mínima y las percepciones vinculadas a buena parte de los programas de la Seguridad Social.

 Expectativas.

 

La crítica de Casahuga al esquema de Musgrave.

Musgrave señala tres motivos por los que una economía sin sector público no tendrá un buen funcionamiento:

ü  En primer lugar, se producirán asignaciones de recursos ineficientes, o fallos de eficiencia. La alteración de la libre competencia, las externalidades, la existencia de bienes públicos, necesidades preferentes e indeseables y las consecuencias del establecimiento de impuestos no neutrales, originan que los recursos disponibles se destinen a producir en exceso en ciertas actividades y por debajo del óptimo en otras. La solución pasa por la acción pública directa, convirtiéndose en proveedor de bienes y suministrador de servicios, o indirecta, induciendo a los sujetos privados a comportamientos eficientes. Rama asignativa de la intervención del sector público

ü  El segundo grupo de inconvenientes del mercado radica en que la distribución de la renta que resulta de la acción del mercado difiere de la socialmente deseable. Aunque se diesen las condiciones necesarias para que el mercado funcionase de manera eficiente, no hay ningún argumento que apoye como resultado final una distribución equitativa de la renta. Para Musgrave es improbable que la maximización de los intereses particulares dé como resultado un óptimo de bienestar social a efectos distributivos.  Son los fallos de equidad que implican la intervención del sector público en su rama distributiva.

ü  Por último, se plantea el problema de la incapacidad del mercado para alcanzar el equilibrio de la economía. Fue Keynes el primero en señalar que una economía no regulada no podrá simultanear niveles altos y estables de empleo y producción con niveles reducidos de inflación. Para atenuar los efectos de auge y retroceso que se producen en los ciclos que experimenta toda economía, es necesaria la intervención pública para mantener la estabilidad del proceso y evitar así, la existencia de recursos ociosos y los efectos perniciosos de la inflación.

Las razones anteriores justifican, a priori, la intervención del sector público en la Economía. Ya que el mercado por sí sólo no puede realizar todas las funciones económicas, es necesaria una política económica pública para guiar, corregir y complementar al mercado en algunos aspectos.

 Tras la aportación doctrinal de Musgrave, se acepta que las funciones del sector público son asegurar un uso eficiente de los recursos, establecer una distribución equitativa de la renta y mantener a la economía en niveles altos de empleo con razonable estabilidad de precios. Por tanto, su responsabilidad consiste en fomentar la eficiencia, la equidad y la estabilidad de la economía. Son las Ramas asignativas, distributivas y de estabilidad (a la que se añade posteriormente el crecimiento).

 Casahuga puso en relieve que la identificación entre funciones y competencias impedía que las reglas de atribución de funciones tuvieran validez alguna, salvo en el caso extremo e irreal en que cada medida de política pública únicamente tuviera impacto sobre un sólo objetivo. [En el campo del federalismo fiscal o la hacienda pública multijurisdiccional, también se ha insistido en la debilidad del presupuesto teórico de partida, que no es otro que la perfecta divisibilidad de las funciones económicas entre los diversos niveles de gobierno, de manera que cada uno desarrollaría la función atribuida de forma exclusiva (sin la interferencia de otros gobiernos de igual o mayor rango y, como contrapartida, tampoco intervendría en las funciones asumidas por los otros)]. Ante esta situación se crea una cierta desorientación teórica para establecer y delimitar las funciones y competencias, que pueden ser exclusivas o compartidas y cada una de ellas con diferentes grados de potestad, correspondientes a cada nivel de gobierno.

¿POR QUÉ EL SECTOR PÚBLICO? ENFOQUE DE SAMUELSON. 

Equilibrio paretiano con la introducción de un bien público.

Para taxonomizar los de bienes resultan útiles dos características.

ü  Exclusión en el consumo: Un bien no tiene consumo excluible si cuando está siendo consumido por un individuo es posible impedir que lo utilicen los demás.

ü  Rivalidad: Un bien es rival cuando su consumo por parte de un individuo reduce su uso o disponibilidad por parte de los demás.

Estas dos características de los bienes nos llevan a la siguiente clasificación:

CONSUMO	EXCLUIBLE	NO EXCLUIBLE
RIVAL	Bienes Privados	Recursos Comunes
NO RIVAL	Clubes	BIENES PÚBLICOS

           

Un bien público es aquel que no es ni excluible ni rival en el consumo.

La no rivalidad establece una diferencia entre los bienes públicos y los privados. Cuando un bien es privado, cada unidad puede ser utilizada por un solo individuo: la manzana que consumo el individuo A no puede ser consumida por el B. Cuando el bien es público todos pueden consumir simultáneamente la misma unidad del bien: un programa de televisión puede ser consumido por A y B. En el mundo real lo más frecuente es que el consumo de una unidad del bien por parte de un individuo adicional sí disminuya la cantidad disponible para el resto, al menos la dificulte mediante la congestión, aunque en menos de una unidad.

Si se dejara exclusivamente a la iniciativa privada la provisión de los bienes públicos, estos serían ofrecidos en una cantidad muy inferior a la socialmente eficiente. Como la producción de esos bienes tiene un coste, pero no puede excluirse a nadie de su uso aunque no hayan pagado por ellos, la iniciativa privada no podría percibir los ingresos necesarios para compensar la producción. La intervención del Estado, bien encargándose directamente de la producción, bien subvencionando a empresas privadas, es la solución que puede garantizar el suministro suficiente de bienes públicos. Pero esa intervención plantea dos problemas: determinar cuál es la provisión óptima, en qué cantidad deben ser suministrados, y determinar sobre quién deben repercutir los costes y en qué cuantía.

Supongamos que se está planeando la construcción de una presa en el cauce de un río. Muchas personas se beneficiarán con ello en diferentes formas: los agricultores que podrán utilizar las aguas del pantano para regadío, la empresa hidroeléctrica que explotará su capacidad energética, los habitantes de los pueblos que reciben protección ante las crecidas del río, los que acudirán a las instalaciones deportivas de las orillas del pantano. Pero si se intenta que la presa sea costeada por los beneficiarios y en proporción al beneficio que van a obtener, aparecerán muchos parásitos o gorrones (free-riders) que no reconocerán estar interesados en su construcción para eludir el pago, confiando en que las aportaciones de los demás sean suficientes y poder así disfrutar del servicio sin tener que costearlo.

 Es necesario que se revelen las verdaderas preferencias de los consumidores para poder estimar la cantidad óptima de bienes públicos que deben ser suministrados; ese es el problema fundamental de la no existencia del mercado, el de la revelación de preferencias. Incluso aunque los bienes vayan a suministrarse de forma (aparentemente) gratuita, los consumidores estarán tentados de falsear sus preferencias, exagerándolas, para obtener con mayor probabilidad sus deseos. Si se realiza una encuesta para conocer los beneficios e inconvenientes que reportará la construcción gratuita de una carretera para un pueblo, los partidarios de su construcción declararán una previsión de beneficios muy superior a la real mientras que los posibles perjudicados exagerarán también el probable daño. Se han diseñado técnicas complejas que permiten descubrir las verdaderas preferencias, aunque existen muchas dificultades para su aplicación práctica. Más realizables, aunque también muy sofisticadas matemáticamente, son las técnicas que permiten la asignación equitativa de los costes.

 

Optimo optimurum.

La provisión eficiente de un bien público conlleva que se deba excluir a nadie de consumir el bien. Una vez que se ha producido una cantidad G del bien público, el coste marginal de que alguien consuma esa cantidad ya producida es cero. Por tanto, si permitimos a alguien previamente excluido el acceso al consumo, su utilidad aumentaría a un coste cero para la sociedad. Es decir, el individuo mejoraría (en la utilidad que le reporta el consumo) y nadie empeoraría (porque el coste de su consumo es cero) Con el requisito de consumo conjunto del bien público por parte de todos los individuos, la cantidad eficiente del bien público vendrá determinada por un mero problema de maximización condicionada. […]

La incapacidad del sector privado para proveer eficientemente los bienes públicos da lugar a un fallo del mercado, y abre la posibilidad de que la intervención pública mejore la asignación competitiva. Sin embargo, esta ganancia sólo se producirá si el Sector Público es capaz de establecer un mecanismo de provisión que garantice a todos los individuos el nivel eficiente de bien público, mecanismo eficiente de provisión pública que podría aplicarse si el Sector Público conociese las funciones individuales de demanda del bien público.

Teóricamente, se podría lograr una provisión eficiente del bien público a través de un mecanismo descentralizado de precios que hiciera pagar a los individuos precios diferentes por el consumo del bien. Estos precios deberían ser iguales a los respectivos beneficios marginales en dicho óptimo. Este mecanismo de provisión eficiente pone claramente de manifiesto la diferencia entre los bienes públicos y los privados. La eficiencia en un mercado privado exige que todos los individuos paguen el mismo precio, pero consuman cantidades diferentes del bien. En el caso de un bien público, la eficiencia exigirá que todos consumieran la misma cantidad, pero pagaran precios diferentes.

En definitiva, la existencia de bienes públicos abre la posibilidad de una intervención pública por fallo de eficiencia del mercado, pero no constituye una justificación absoluta de esta intervención por la dificultad de la propia actuación pública garantice la eficiencia dados los problemas de aprehensión de información por parte del sector público.

[Solución Lindhal- Bowen.

Si el bien público se puede suministrar de manera continua, las condiciones generales de eficiencia en el sentido de Pareto (que define el conjunto de todas las asignaciones eficientes) podrían a su vez obtenerse mediante la resolución del problema de maximización consecuente. (…) alcanzándose la condición Bowen-Lindahl-Samuelson para la eficiencia en presencia de bienes públicos, que implica que la suma de las relaciones marginales de sustitución entre el bien público y el bien privado debe ser igual a la relación marginal de transformación entre el bien público y el privado.]

 

Comparación de las aproximaciones de Musgrave y Samuelson

ü  El modelo de Samuelson ofrece una solución a la provisión de bienes públicos y privados, tratando de forma simultánea las cuestiones de asignación de recursos y de la distribución de la renta.

ü  Por su parte, Musgrave en su fundamento para el desarrollo de la teoría neoclásica de la Hacienda Pública, propone la distinción entre tres funciones o ramas del papel económico del Estado: asignación, redistribución y estabilización. Esto le lleva a proponer un modelo de asignación óptima de bienes públicos en el que se separan de la misma los aspectos redistributivos. 

Musgrave introduce también el concepto de necesidades preferentes e indeseables, que son provistas mediante los bienes de mérito y de demérito, necesidades que justifican buena parte de las actuaciones actuales del Estado, si bien a costa de renunciar a un elemento fundamental de la construcción neoclásica: la soberanía del consumidor y la libertad individual, al proponer un cierto paternalismo público, promocionando o impidiendo el consumo de determinados bienes.

Ambas soluciones tienen limitaciones metodológicas.

ü  Samuelson suponía que un planificador conocía la función de bienestar social, pero el teorema de la imposibilidad de Arrow establece que sólo bajo muy estrictas condiciones de estructuras de las preferencias individuales es posible la construcción de una función de bienestar social. Esto nos plantea el papel de la democracia liberal y sus instituciones, así como de los funcionarios públicos y de los burócratas en la provisión y financiación de los bienes públicos, dando lugar a la llamada teoría de la elección pública, lo que remite a una discusión sobre la arquitectura del Estado, buscando reintroducir la información e incentivos que se derivan del mercado.

ü  Por su parte, la diferenciación teórica de Musgrave entre ramas de actuación se pone en duda por A. Casahuga, que expresa la dificultad de separar los efectos asignativos, distributivos y estabilizadores de las políticas públicas.

ü  Tanto el modelo de Samuelson como el de Musgrave se basan en el individualismo metodológico, (con un homo economicus maximizador de su utilidad sujeto a restricciones materiales). La consecuencia es que los bienes públicos sólo pueden ser provistos por el Estado, al aparecer el problema del viajero gratuito, pues nadie querrá revelar sus preferencias sabiendo que, una vez que se dedica la provisión del bien público, no podrá ser excluido de su consumo. Por tanto, se excluye cualquier solución cooperativa, no se admite el altruismo ni los frenos derivados de la dimensión moral del ser humano, de forma que tampoco es posible la provisión voluntaria de bienes públicos o la voluntaria reducción de comportamientos que afectan negativamente a la sociedad si no es mediante incentivos.

 

ü  [Y, por último, la caracterización de los bienes públicos a lo largo de dos ejes, imposibilidad de aplicar el principio de exclusión y no rivalidad en el consumo, pronto se vio que olvidaba un tercer eje fundamental como es el espacial. Esto es, dependiendo de si nos encontramos en el ámbito local, provincial, regional, nacional, supranacional o mundial, la caracterización de un bien como público puede variar sustancialmente y por tanto las condiciones de su provisión, puesto que dependiendo de qué tipo de servicio hablemos, el área de beneficiarios puede variar sustancialmente, coincidiendo o no con el nivel de gobierno.]